Son algo más de 9,2 millones de euros los que están en juego para los municipios de la provincia que cobran este impuesto, según el presupuesto de este año. En el caso de la capital, son 2,5 millones, aunque en el borrador presupuestario de 2022 se incrementaba hasta los 3,5 millones de euros.
En este sentido, el alcalde afirmó que el Ministerio de Hacienda tiene la "voluntad" de dar una respuesta "rápida". "Están pendientes de conocer los términos exactos de la sentencia y estoy seguro de que se buscará una solución que permita seguir ejecutando este impuesto, pero eso sí, con unas bases de cálculo que sean más justas, que es lo que viene a decir el Tribunal Constitucional. Esperemos que los ayuntamientos, no nos veamos afectados de manera importante en lo que supone una contribución básica a las arcas municipales. Hay que reconocer que, en el caso del Ayuntamiento de León, un 3% de nuestro presupuesto de ingresos viene a través de este impuesto y por lo tanto, que se detraiga supondría también una merma en la prestación de los servicios que hay que dar a los ciudadanos, así que esperamos de que las instituciones, en este caso desde el Gobierno de España, sean conscientes de que es una necesidad imperiosa y básica para los ayuntamientos y busquen una solución que nos permita seguir acometiendo con normalidad nuestra función de prestación de servicios", argumentó el alcalde durante la inauguración de la nueva oficina de Iberaval.
Exigencias de PP y Cs
Por su parte, el presidente provincial del Partido Popular, Javier Santiago, reclamó al Gobierno que ponga a disposición de los ayuntamientos fondos "para compensar la merma de ingresos por plusvalías y que puedan seguir prestando servicios a los ciudadanos".
El líder de los populares recordó que su partido ya advirtió de su posible inconstitucionalidad y "planteó medidas para hacer este impuesto menos gravoso para los ciudadanos y anticiparse a la pérdida de ingresos que ha generado esta sentencia". "Hace tres añosel Partido Popular dejó preparada una reforma que estaba ya en trámite de alegaciones y enmiendas en el Senado", dijo.
Mientras, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León, Gemma Villarroel, pidió al equipo de gobierno que deje de cobrar el impuesto de plusvalía de forma cautelar tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula este tributo y que informe a los contribuyentes de la capital si pueden reclamar lo pagado. "Pedimos que se paralicen estas liquidaciones hasta que exista seguridad jurídica en cuanto a la aplicación de este cobro y evitar así que los leoneses sean los perjudicados", defendió finalmente la edil de la formación naranja.