Desde la barrera

El sábado pasado, desde la barrera, pudimos escuchar, en el Hotel Conde Luna leonés, a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Cuantos desempeñan un ministerio, antes y ahora, junto a la compleja labor de gestión de su área han de asumir múltiples comparecencias por España, que los partidos respectivos reclaman. Fue la suya una exposición ordenada, de gran ponderación y sensatez, difícil de replicar tanto en sus planteamientos como en sus propósitos. Estaban presentes varias asociaciones, y ‘plataformas’ surgidas del abandono rural: ambas, que tomaron la palabra, son una muestra clara de cómo la sociedad española tiene un sistema asociativo, reivindicativo, muy bien informado.

Es un hecho evidente que a los ciudadanos de León y de Castilla, no los asiste un sentimiento común, diferenciado, regional, de suerte que la autonomía que un día les configuraron para satisfacer las apetencias de comunidades ‘históricas’, resulta ser un simple hecho administrativo y en gran parte desconocido, en sus atribuciones, por la ciudadanía. De esta suerte, cuando viene un cargo ministerial se le plantean reivindicaciones, como sucedió el pasado sábado, en las que no tiene competencia alguna; ni siquiera de equiparación para evitar flagrantes disfunciones o agravios entre los distintos territorios de España.

Este es el principal problema, no solo en el área sanitaria, sino en la educativa y social, que padece la nación: unas competencias transferidas sin las debidas reservas para su armonización. Parecen palabras mayores, pero en la vida diaria se constata esta desvertebración; así, acude uno a la farmacia por un fármaco y se puede encontrar a un ciudadano de Vascongadas que se sorprende porque tenga que apoquinar por un medicamento que en su región es gratuito; o escuchar a un estudiante leonés, universitario, cómo no alcanza la nota de corte para una determinada carrera, cuando en algunas comunidades la calificación no obedece a la misma exigencia. Y qué decir en cuanto a las prestaciones que una familia, en situación de desempleo, recibe en razón de la región en que vive. Por indicar un ejemplo más, entre cientos, llamativo es también, que funcionarios públicos con idénticos cometidos perciban retribuciones diferentes (y que, por tanto, puedan ser disputados en la propia nación).

Las desigualdades existentes entre las distintas regiones de España en los sectores públicos fundamentales, educación, sanidad y asistencia social, casan mal con los principios socialdemócratas, e incluso con los de querencia conservadora, pese a su habitual afán privatizador. Debería ser la preocupación fundamental de los gobiernos, su reparación; junto al vaciamiento de pueblos de la España interior, los cuales, de persistir la actual situación, muchos de ellos están abocados a la total despoblación. Pero no son estos temas los de candente actualidad, sino el secesionismo y el protagonismo que este alcanza, por la capacidad que se le otorga para condicionar no solo unos presupuestos (pese al trato de favor que en estos se les concede), sino toda la acción política. Cuando el ciudadano aprecia una prolongada sinrazón en la gobernanza de su nación, puede verse inclinado a optar por ofertas políticas expeditivas.

Efectivamente, al tablero político se ha incorporado una opción extremista, lo que ha conllevado una reacción ‘pintoresca’: en vez de plantearse de sus mensajes cuáles pueden encontrar justificación, los partidos establecidos se han lanzado a su yugular, como una presa de la que pueden obtener réditos electorales; y en la calle abundan diversos atropellos para con sus adeptos. La principal cuestión radica en si, bastantes de sus principios, que suponen un retroceso para los derechos civiles, tales la violencia contra la mujer o un disparatado planteamiento económico, pueden ser disculpados por un considerable número de ciudadanos, en razón de la ‘histórica’ dejación, o falta de miras con futuro, por parte de los actuales gobernantes (o de los aspirantes).

En España, permanece en hibernación el conocimiento profundo de las administraciones autonómicas en cuanto a su gestión, es decir, si en realidad el gasto y competencias que ejecutan están totalmente justificados; y si existen recovecos en los que, de forma innecesaria, se han creado fundaciones o similares, como un remedio donde colocar a amiguetes o afines a ‘la causa’. Ya se han encargado los políticos que las gestionan de que no se despierte en la ciudadanía esta preocupación; también de no encarar, los sucesivos gobiernos, las desigualdades existentes. En Andalucía, dado que se ha producido un cambio de titulares después de décadas, será fundamental, para la vuelta al gobierno de los anteriores, o su ausencia, el que haya existido, o no, un uso patrimonial del poder (más allá de la repercusión de los ‘eres’).

Las consideraciones que apuntamos, so pretexto de la visita de la ministra, son un detalle de una realidad profunda de desvertebración de la nación. De no ponerse a la tarea de remediarla, resurgirá con brío una espoleta, de la que puede beneficiarse una tendencia política, y cuya primera salva ya ha explosionado en Andalucía.