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Desahucio en Ponferrada mientras el Gobierno lanza una prórroga para no ejecutarlos

Desahucio en Ponferrada mientras el Gobierno lanza una prórroga para no ejecutarlos

EL BIERZO IR

Momento de la salida de Antonia de su casa, mientras cambiaban la cerradura para que no volviera. | MAR IGLESIAS
Mar Iglesias | 14/04/2021 A A
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Desahucio en Ponferrada mientras el Gobierno lanza una prórroga para no ejecutarlos
Sociedad El comité judicial decidió continuar con el lanzamiento puesto que ni el banco ni el juez desistieron en su intención/ Antonia y José pierden la casa en la que llevan viviendo 12 años
Al mismo tiempo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en el Congreso de los Diputados que ampliaba por tres meses la ejecución de desahucios, en Ponferrada se esperaba el lanzamiento en una vivienda del barrio de Compostilla, que finalmente sí fue llevado a cabo.

Tras más de 10 lanzamientos infructuosos y después de que, hace cuatro años, el banco que solicitaba la ejecución, diera un plazo al matrimonio que iba a desahuciar por razones humanitarias, ya que en aquel momento la mujer parecía una enfermedad compleja, ahora ni el banco ni el juez quisieron prorrogar más el tiempo de espera. Pese a que la abogada del matrimonio ponferradino formado por Antonia y José, Elena Pardo aseguraba que se había presentado recurso de amparo el pasado domingo y esgrimía que el Gobierno había asegurado que no se efectuaría ningún procedimiento de este tipo durante la pandemia, el juzgado ni siquiera permitió una espera de días. 
El comité judicial pidió a Antonia, que se encontraba en el domicilio junto a su perro Tor, a su gato Dante, a los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH y la concejala de Acción Social en el Ayuntamiento de Ponferrada, Lorena González, que cogiera sus pertenencias y permitiera el cambio de cerradura en el inmueble, del que tomó posesión el procurador del banco.

Aunque Antonia quiso mantenerse en el domicilio que aseguraba que era su casa desde hace doce años y afirmaba que el banco le debía más de 21.000 euros en concepto de cláusula suelo, la postura del juez y del banco estaba enquistada y no permitieron más que ceder en permitirle que, en otro momento, pudiera volver a su casa a sacar el resto de sus pertenencias. 

La situación era "vergonzante", decían los vecinos y miembros de la PAH que recriminaban la postura de un banco "que no quiere para nada esta vivienda y deja a dos personas en la calle". Y sobre todo en un momento en el que que la pareja comenzaba a repuntar de una situación compleja "en 2008 la crisis les hizo hipotecar el inmueble para poder mantener su negocio que finalmente perdieron, pero ahora estaban trabajando los dos y esto no es una manera de permitirles salir adelante", explicó la concejala de Acción Social. Además, apremió a pedir ayuda en el Ayuntamiento ante estas situaciones con el fin de no llegar a un límite irresoluble.

Pese a que González intentó mediar con el procurador del banco para hacerle entender incluso las razones humanitarias por las que no se debía acometer el lanzamiento, la entidad tuvo claro desde el primer momento que quería hacerse con el in,mueble "no sé que ven en él, tampoco es un casoplón", decía Antonia, que sufría un ataque de ansiedad por el que fue atendida por el 112 al ver que la ejecución se realizaba. José ha comenzado a trabajar temporalmente para el Ayuntamiento.

"Es una vergüenza y un despropósito porque llevo 11 años intentando volver a pagar la hipoteca y no se me ha dado la oportunidad", explicó Antonia al dejar su casa. "El futuro que se me depara es sacar mis cosas e irme con mi familia, desmantelando mi vida", dijo. Lamentaba que el desahucio se ejecutara en una situación de pandemia "es torticero, no sé por qué se hace", dijo con rabia sacando sus pertenencias de su vivienda en el barrio de Compostilla.  

Desde la PAH, su presidenta. Flor Álvarez apuntaba que era el primer desahucio en siete años que no han podido parar algo que considera "vergonzoso, por parte del juez del número 5 y una tropelía del procurador". De falta de empatía acusó a todos los funcionarios que se encargaron de proceder al lanzamiento. Al tiempo, aseguraba que la lucha se mantendrá para volver a conseguir que el inmueble "vuelva a las manos de Toñi, por mucho que diga el banco y su inmobiliaria". 

Prado intentó por todos los medios hablar directamente con el juez y también con el banco para negociar una salida de la casa, pero no fue posible. Por ello anunció que trasladará el caso al Tribunal Constitucional, al de Justicia de la Unión Europea y al Europeo de Derechos Humanos. Aunque dejó claro que la situación no permitirá que Antonia y José vuelvan a su casa. Según concretó la letrada, el juez sustituto del número 5 que ha llevado el caso y que marcaba en su expediente que debía procederse a la ejecución sí o sí en esa fecha, según comunicó el comité judicial a la familia “persiste en decir que la cláusula de vencimiento anticipado es válida e intrascendente, cuando debería considerarse nula de pleno derecho", dijo.

Primer desahucio en siete años y con pandemia


A las puertas del número 28 de la calle Ricardo Guirao Pérez, en Compostilla, Antonia esperaba a que la justicia hiciera su trabajo. Lo hacía con la PAH en la puerta, sus amigos enlazados por camisetas en las que exigían "no más desahucios". En mitad de la pandemia, José había encontrado trabajo y no estaba en casa. Dentro del inmueble, algún grito, mucho trajín y fuera, tres dotaciones de Policía Nacional que fueron a más a lo largo de la mañana y los amigos que pedían que no se ejecutara el desahucio "son una familia buena y el banco solo la quiere para negociar", decían los vecinos. Nadie les escuchaba. Incluso se comenzó a cambiar la cerradura mientras se seguía esperando la llamada del juez que no llegó "nos han dicho que estaba en sala en un juicio, pero no era verdad, nos estaban dando largas", aseguraba la abogada.

El concejal de CB, Jesús López intentaba que no se apremiara el procedimiento , que seguía adelante. González, por su parte, la otra edil, manifestaba que era un momento muy duro para una política al no poder evitar esa situación "solo he intentado hacer atender que aquí vive una familia que está intentando salir de una situación económica compleja. Ahora tienen trabajo, han intentado negociar un alquiler social con el banco y no han podido. Existe una Constitución y seguimos en estado de alarma, que no puede haber lanzamientos hipotecarias", no entendemos nada, es una situación delirante", decía entre lágrimas.

Antonia hablaba por teléfono con su familia pidiendo que no lloraran, que solo se mudaba, aunque no supiera a dónde. Y la PAH rompía una estadística que no suponía que pudiera pasarse por alto la situación de crisis y pandemia actual.
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