'Desahuciados' de sus tumbas

La polémica está servida. Desde la localidad de Abadengo de Torío se denuncia que se va a proceder, de manera inminente, al ‘desalojo’ del cementerio de la localidad sin tener un lugar concreto al que trasladar los restos. La situación se debe a la ejecución de una sentencia del año 2017 en la que el Juzgado de lo Contencioso número 1 de León, condenaba al Ayuntamiento al pago de las costas y anulaba la licencia de obra de la Junta Vecinal de Abadengo de Torío, por haberla dado sin licencia municipal para la rehabilitación y reforma del cementerio. Tres años después, la maquinaria se pone en marcha, y es que según denunciaban afectados a La Nueva Crónica «se quiere ejecutar la sentencia ahora, a toda prisa cuando hay cinco años para hacerlo, sin tener otro lugar asignado para trasladar los restos». El camposanto, remarcaban, data de 1846 y alberga más de 200 difuntos cuyo destino ahora es incierto. Indicaban que en su momento la Concejalía de Urbanismo tramitó mal los permisos, y de ahí deriva todo.

La Junta Vecinal de Abadengo ha hecho público un bando, al que tenido acceso La Nueva Crónica, en el que se explica concretamente que «con el objeto de cumplir la sentencia 00086/2020 correspondiente al Procedimiento Ordinario número 299/2018 de fecha 13 de mayo de 2020 nos vemos en la obligación de proceder a la exhumación de los cadáveres existentes en el cementerio de Abadengo de Torío, para ello disponemos como último día el 11 de octubre de 2020».

El alcalde de Garrafe de Torío, el socialista Jesús Álvarez, aseguraba a La Nueva Crónica que este problema data de la anterior legislatura, en la que no era alcalde, y que ahora «lo que se va a hacer es proceder al cumplimiento de una sentencia firme tenemos hasta el 11 de octubre, estamos a dos días». En lo referente a los restos mortales que deben sacarse del camposanto, Álvarez indicaba que «deberán encargarse las familias o la Junta Vecinal de trasladarlos a otro cementerio».

Por su parte el actual concejal de Urbanismo y en aquella época edil en la oposición por UPL, Fulgencio Bandera, explicaba que «la Junta Vecinal, a través de los Planes Provinciales, solicitó ayuda para reformar el cementerio, pero lo hizo nuevo», al tiempo que apuntaba que los hechos fueron denunciados por vecinos, y que se le concedió la apertura a pesar de que faltaban permisos como el del sanidad de la Junta de Castilla y León». Así, recordaba que si la parte demandante pide la ejecución de la sentencia, poco se puede hacer, si bien apostillaba que «estamos intentando que la Junta Vecinal construya un nuevo cementerio cuanto antes».