Denuncian que personal municipal y de Sacyl tiene que reforzar a la empresa de los test de antígenos

El PSOE de Ponferrada reprocha la situación de "caos" en Picotuerto y el "engaño" al tener que derivar recursos públicos pese que se ha externalizado el servicio por 6,3 millones

L.N.C
14/01/2022
 Actualizado a 14/01/2022
Imagen de una de las jornadas donde de realización de test en las piscinas el día 31 de diciembre. | POLICÍA MUNICIPAL
Imagen de una de las jornadas donde de realización de test en las piscinas el día 31 de diciembre. | POLICÍA MUNICIPAL
El PSOE de Ponferrada denuncia el "enorme engaño" al que la Junta de Castilla y León con los test de antígenos que se están realizando en el supuesto punto de detección móvil ubicado en Picotuerto para los bercianos con síntomas que quieran acercarse a realizar la prueba de detección de covid.

Los socialistas ponferradinos reprochan que em empresa contratada por la Junta colocó el primer día una ambulancia con una sola persona para atender a las más de mil personas que acudieron a hacerse el test, provocando situaciones de hacinamiento y riesgo en el entorno de la ambulancia.

Después de eso apuntan que personal del Ayuntamiento tuvo que desplazarse a colocar vayas y controlar al fila de acceso y personal de Sacyl de Pico tuerto han tenido que reforzar el dispositivo prestado por una empresa privada subcontratada, para que las pruebas puedan desarrollarse con garantías.  "Las deficiencias del proceso de realización de test de antígenos serían palmarias de no ser por la intervención del personal del Ayuntamiento de Ponferrada y de los propios recursos públicos humanos y materiales de Sacyl, lo que supone un desprecio y una vulneración a los derechos de los ciudadanos, que pagan unos servicios a unas empresas privadas para que al final los realicen los servicios y el personal públicos" y valoran la situación como "caótica".

Se quejan desde el PSOE de que la Junta "no solo está transfiriendo fondos públicos a sus amiguetes, sino que lo hace a costa de ofrecer un servicio pésimo" a los ciudadanos que ven mermados sus recursos sanitarios para tener que atender a otros privados. 

Recuerdan que la Junta de Castilla y León pagará 6.393.481 euros por las doce unidades móviles distribuidas por la comunidad con el objetivo es realizar 200.000 pruebas hasta el próximo 31 de enero.
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