En el desglose de nuevos contratos por provincias, señaló que 41 de esas nuevas contrataciones se produjeron en Burgos, 7 en El Bierzo, 34 en León, 10 en Palencia, 29 en Salamanca, 13 en Segovia, 16 en Soria, 18 en Valladolid Este, 17 en Valladolid Oeste y 10 en Zamora. «La mayor parte de esos nuevos contratos son enfermeras a las que s eha formado en seguimiento y vigilancia delos casos», puntualizó.
Sobre los conocidos como rastreadores, Casado señaló que «cada centro de salud tiene su responsable de salud publica y comunitaria, que son profesionales, médicos o enfermeras, que entre sus tareas deben ocuparse de hacer la vigilancia epidemiológica» en una función «casi policial de búsqueda de los contactos que ha mantenido cada contagiado». «Hemos pedido a cada centro de salud que determine quién es el responsable de salud comunitaria y pública que se ocupará de esa vigilancia, y si precisan refuerzos se les han brindado», explicó además de asegurar que, por el momento, en el caso de Ávila han determinado que no es preciso incrementar las contrataciones aunque no descartó hacerlo en el futuro si la situación cambiara.
"Aquí dimitirá el vicepresidente"
Por su parte, Igea se refirió a cómo se está llevando a cabo el proceso de desescalada. «Aquí no va a dimitir la directora general de salud pública (en referencia al caso de Madrid), dimitirá el vicepresidente», que descarta que la decisión de avanzar en la desescalada tenga algo que ver con presiones políticas y económicas, y que de «ninguna manera» se tomarán decisiones en contra de criterios epidemiológicos. Igea precisa que si algo va a primar en Castilla y León serán los criterios epidemiológicos, pero también los económicos, porque «no existe una dicotomía entre salud y economía, no existirá lo uno sin lo otro».El también consejero de la Transparencia, quien insistió en que la única herramienta para combatir el virus ha sido cumplir con las medidas higiénicas y el aislamiento social, explicó que si la Junta se moviera por esa presión política, social o económica habría perdido el compromiso con los ciudadanos y sería un error que colocaría en riesgo a toda la comunidad. Por un lado, porque el escenario es aún de gran incertidumbre» ante el comportamiento del virus, y, por otro, porque ni esta comunidad, ni este país se pueden permitir ni 3.000, ni 30.000 muertos, «la pérdida más lamentable de todas», ni perder su prestigio y comprometer su futuro económico si vuelve a aparecer como uno de los territorios más vulnerables de esta crisis. «Una desescalada acelerada, o presionada podría implicar un rebrote y supondría un serio revés económico para el país y la comunidad», el «impacto sería irrecuperable», dijo Igea.