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Cataluña y la Junta

Cataluña y la Junta

OPINIóN IR

26/11/2015 A A
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Cataluña y la Junta
Los ganadores de las elecciones en Cataluña promueven la independencia de ese territorio a partir de una decisión unilateral. Este movimiento se realiza partiendo de un apoyo minoritario de la población, por lo que carece de la legitimidad más elemental en un proceso constituyente. En este sentido se puede afirmar que la pretensión de los independentistas es la de un golpe de estado. A partir de ahí se pueden añadir matices sin fin, pero los fundamentos de ese proceso son los dichos. Y no entramos ya en el respeto a la legalidad, segunda cuestión que, una vez expuesto lo antecedente, ni viene al caso.

La Junta de Castilla y León promovió un pronunciamiento contra ese proceso, que tituló ‘Por el futuro de todos’, en el parlamento autonómico. La cuestión de fondo, la restauración de la convivencia, es algo en lo que seguramente la mayoría de los ciudadanos estará de acuerdo. Sin embargo utilizar el texto, tal cual se hizo, para hacer una loa de esta autonomía como ejemplo de convivencia es una barbaridad.

A los firmantes, entre los que inexplicablemente se encontraba la UPL, los socialistas de León o los populares de esta provincia, les pareció bien apoyar un texto que da a entender que el proceso constituyente de esta autonomía fue normal. Nada más lejos de la realidad. Como se ha sabido por los propios protagonistas, León fue absorbido, a pesar de la oposición de la mayoría social, en esa administración; como lo fue Segovia, que cumplió todos los pasos legales para ser autonomía. El desacuerdo con este ente mixto se ha prolongado con peticiones de segregación de la diputación provincial, de ayuntamientos, manifestaciones masivas varias y un activo movimiento social que perviven treinta y tantos años después.

La respuesta de la Junta ha sido el aleccionamiento, especialmente de los jóvenes, cuyo último episodio consistió en la inclusión de un mapa falso en los exámenes de selectividad. En el se ocultaba la Historia de León. Eso por no hablar del traslado de empresas a Valladolid o del desvío de fondos mineros a provincias sin minas. Se puede añadir mucho más, pero no es necesario. La legitimidad de la Junta de Castilla y León para dar lecciones de convivencia es escasa. Se basa en la actitud pacífica y civilizada de los leoneses ante una agresión que ha descapitalizado económica y humanamente su territorio.

Hablar de convivencia y querer dar lecciones de la misma cuando la ejecutoria de la Junta se asemeja al colonialismo más clásico resulta inaceptable. El análisis de la evolución de León no permite ni sonrisas ni consejos.
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