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Castilla y León se dota por consenso de su primera ley de Transporte de viajeros por carretera

Castilla y León se dota por consenso de su primera ley de Transporte de viajeros por carretera

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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su intervención. | ICAL Ampliar imagen El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su intervención. | ICAL
Ical | 12/12/2018 A A
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Castilla y León se dota por consenso de su primera ley de Transporte de viajeros por carretera
Política Suárez-Quiñones subraya que se garantiza una accesibilidad universal en la Comunidad y se reconoce el transporte rural
Las Cortes aprobaron este miércoles en el pleno la Ley de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León con los votos a favor de todos los grupos, excepto de Ciudadanos, que se abstuvo. La norma prospera ante el vencimiento en diciembre de 2019 del actual sistema concesional, que no puede prorrogarse, e incorpora el transporte rural, así como un catálogo de derechos para los usuarios, que podrán exigirlos.

El proyecto normativo llegó al pleno de las Cortes con solo una enmienda técnica viva, firmada por los grupos Popular, Socialista, Podemos y Mixto, que fue aprobada por 78 votos, frente a las cinco abstenciones de Cs, al igual que la ley. El debate fue seguido desde la tribuna de invitados por miembros de la Federación Empresarial Castellano Leonesa del Transporte de Autocar, del sector del taxi y los principales sindicatos.

En la presentación del texto, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, remarcó que se trata de una norma “importante”, que incorporó un gran número de enmiendas de los grupos. Destacó que establece un marco “moderno”, “actualizado” y “congruente” con las competencias y adaptado a las circunstancia de la Comunidad por lo que es la primera norma de este tipo para Castilla y León.

También destacó que "en diciembre de 2019 vence el actual sistema concesional de Castilla y León, que no se puede prorrogar por imperativo del derecho comunitario, y no podríamos afrontar la nueva configuración sin una base legal moderna, fuerte y adaptada para ser soporte del mapa de ordenación del transporte en el que ya estamos trabajando, y de las nuevas licitaciones concesionales que habrá que acometer", de ahí que destacara que esta cuestión "no admite demora".

En ese sentido, Suárez-Quiñones valoró la colaboración y participación del sector del transporte de viajeros por carretera con la Junta y los grupos políticos y el apoyo prestado a los ciudadanos, a pesar de que las concesiones fijan un “margen estrecho”, al aceptar las demandas del Ejecutivo para mejorar el servicio.

Además, destacó el “trabajo codo a codo” de las fuerzas políticas para completar el trabajo de la Junta. A su juicio son un “buen” ejemplo del “adecuado” funcionamiento de las instituciones, puesto que recordó que se han antepuesto los intereses generales y se ha hecho un esfuerzo para lograr el consenso.

Asimismo, el consejero se dirigió a Ciudadanos, grupo que se abstuvo, y reconoció que la formación 'naranja' esperaba una norma adaptada a las nuevas realidades. “No puede esperar, es necesaria ahora, en esta legislatura”, afirmó. Suárez-Quiñones defendió que establece un marco “moderno” que mejore la calidad, la seguridad y que promueva un modelo respetuoso con el medio ambiente. También resaltó que la normativa "responsabiliza a la administración de la adecuada sostenibilidad económico-financiera del sistema".

Acceso


El titular de Fomento subrayó que la ley reconoce, por primera vez, el carácter universal del transporte como un servicio público esencial, por lo que se garantiza una “accesibilidad universal” en todo el territorio donde haya un asentamiento fijo de población.

Además, indicó que se reconoce un servicio público de titularidad de la administración y la obligación de la adecuada sostenibilidad. También valoró que incorpore un catálogo de derechos de los usuarios, exigibles, las nuevas tecnologías y una apuesta por la movilidad sostenible.

Otro de los aspectos que destacó fue el concepto de transporte rural, lo que persigue facilitar la permanencia -dijo- de la mujer en el medio rural y añadió que otorga rango de ley al Transporte a la Demanda. También destacó la seguridad que ofrece a las empresas de Castilla y León y el taxi, y la seguridad y estabilidad del empleo mediante la fórmula de la subrogación, así como una intervención muy activa de los sindicatos.

Por último, aseguró que los ciudadanos pueden tener el sentimiento y orgullo de pertenecer a una comunidad en la que se pueden sentir iguales independientemente del lugar donde vivan.

Obsoleta


En su turno para fijar posición, la procuradora de Ciudadanos Belén Rosado explicó la abstención a la ley, a la que presentaron una enmienda a la totalidad, por ser “obsoleta” y no contemplar el coche autónomo o el Big Data o los conflictos entre el VTC y el taxi. Señaló que el proyecto ha estado demasiado tiempo en los “despachos” y ha llegado a las Cortes al término de la Legislatura, lo que a su juicio hubiera facilitado un mayor consenso.

Además, Belén Rosado destacó que el texto ha incorporado un gran número de enmiendas de los grupos de la oposición y lamentó que Cs no presentara ninguna para que se incluyeran.

Aportaciones


Por su parte, la parlamentaria Ana Muñoz de la Peña remarcó que las propuestas socialistas dan respuesta a un compromiso que se arrastra desde hace 15 años. De esta forma, señaló que se afronta una reorganización del sector y se establece un plaza para la elaboración del mapa de rutas y los sistemas de explotación. También valoró que el Transporte a la Demanda tenga amparo legal.

También tomó la palabra el parlamentario de Podemos Carlos Chávez quien explicó que le falta “ambición” a la ley para ir “más allá” y convertirse en una norma de “derecho a la movilidad”. Destacó que las enmiendas incorporadas han mejorado el texto y apostó por avanzar en el derecho al transporte público, como agente que puede ayudar a mitigar el cambio climático.

Finalmente, la popular Isabel Blanco destacó el “consenso” logrado por los grupos políticos, el sector y los sindicatos y remarcó que la ley apuesta por las personas, la gente que vive en el mundo rural, por los trabajadores de las concesiones y del taxi y pone en valor la comunidad y sus singularidades, como el Transporte a la Demanda, que atiende más de 3.600 localidades, con unas 800 rutas en servicio.
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