Briznas liberales en CyL

No sé si por convicción, imitación o imposición, parece que en el Gobierno autonómico de Castilla y León empiezan a brotar ciertas briznas de pensamiento liberal, por lo menos en el campo económico.

Castilla y León (una comunidad con dos regiones y sin capitalidad definida) se ha caracterizado históricamente por aplicar políticas socialdemócratas, a pesar de que el gobierno ha estado prácticamente siempre en manos de Partido Popular, partido con un ideario enfrentado, en principio, al socialismo con notables excepciones en el Ministerio de Hacienda.

A nadie se le escapa que la competencia es buena, no solo en la empresa privada donde provoca reducción en los precios y mejora en productos y servicios, también en la administración pública encontramos beneficios a cierta competencia, siempre que ésta sea sana y legítima.

La presión que ejerce la Comunidad de Madrid en materia de libertades individuales y bajadas de impuestos, es demasiado fuerte como para ser ignorada y ante sus políticas de reducción de presión impositiva, hay dos caminos; el camino que ha tomado el Gobierno de Asturias que critica las medidas del Gobierno madrileño acusándoles de ‘dumping’ fiscal y de convertirse en un paraíso y el camino que ha tomado el Gobierno de Castilla y León, que intenta seguir el principio de entender como positivo que el dinero esté en los bolsillos de los ciudadanos en lugar de engrosar el presupuesto de las administraciones.

Castilla y León está en trámites de prácticamente eliminar el impuesto de sucesiones y de donaciones en familiares de primer grado, concretamente bonificar el 99% entre cónyuges padres e hijos. Esto que en términos fiscales suena muy frío, significa no robar a un difunto parte del dinero que ha ido ahorrando para dárselo a sus hijos.

Estamos hablando de unos 200 millones de euros al año que los castellanos y leoneses que tienen la desgracia de sufrir la pérdida de un familiar, no van a tener que encima pagar en base a no se sabe bien qué. Esa cantidad no llega ni al 2% del presupuesto de la comunidad.

El siguiente paso deseable sería que al igual que hace Madrid, se bonificase al 100% el impuesto de patrimonio para evitar la fuga de capitales por una incorrecta interpretación del principio de solidaridad, penalizando al que ha tenido la capacidad de ahorrar después de haber pagado ya en su día por la generación de esas rentas.

Por este capítulo, la Junta de Castilla y León ingresa 38 millones de euros que son el ‘chocolate del loro’ comparado con lo que deja de ingresar por el lado del IRPF de la gente con grandes rentas que se domicilia en Madrid.

Si vemos que algo está funcionando en una zona de España, no hay que criticar sus medidas, es más inteligente imitarlas.