Adif y CHMS determinan "daños mínimos" por los vagones que acabaron en el Sil
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Adif y CHMS determinan "daños mínimos" por los vagones que acabaron en el Sil
Sucesos
No hay filtraciones de grasa en el río, según los estudios de ambas, tras el descarrilamiento de un tren de mercancías y la decisión de tirarlos al agua
Los estudios de Adif finalmente han detectado que el impacto ambiental que tuvo la caída de los vagones tras el descarrilamiento producido en Sobradelo, en la entrada desde el Bierzo a Galicia por Valdeorras, al río Sil fue mínimo. Según recogen medios nacionales, la empresa ferroviaria comprobó que las cajas de grasa de esos vagones no tuvieron desperfectos y eso hizo que no se produjeran filtraciones perniciosas al río.
Esa misma percepción fue la ofrecida por el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), José Antonio Quiroga, que tras la retirada de los vagones apostados en Sobradelo de Valdeorras aseguró que no había presencia de aceites y que los daños habían sido mínimos.
El descarrilamiento del tren de mercancías que se dirigía la empresa Cosmos, se produjo el 28 de julio y días después, Adif hizo que los trenes acabaran en el Sil con el fin de sacarlos de una zona de difícil acceso, algo que implicó a la Xunta y a la Fiscalía por los posibles daños que esa actividad pudiera causar. De hecho, la Xunta, antes de conocer los daños producidos, ya estableció una multa de unos 36.000 euros que anunciaba que podrían llegar a más si los dictámenes ambientales eran desfavorables.
Esa misma percepción fue la ofrecida por el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), José Antonio Quiroga, que tras la retirada de los vagones apostados en Sobradelo de Valdeorras aseguró que no había presencia de aceites y que los daños habían sido mínimos.
El descarrilamiento del tren de mercancías que se dirigía la empresa Cosmos, se produjo el 28 de julio y días después, Adif hizo que los trenes acabaran en el Sil con el fin de sacarlos de una zona de difícil acceso, algo que implicó a la Xunta y a la Fiscalía por los posibles daños que esa actividad pudiera causar. De hecho, la Xunta, antes de conocer los daños producidos, ya estableció una multa de unos 36.000 euros que anunciaba que podrían llegar a más si los dictámenes ambientales eran desfavorables.
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