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Acuaes y los regantes de Los Payuelos acuerdan la firma urgente del convenio para el uso del Canal Bajo

Acuaes y los regantes de Los Payuelos acuerdan la firma urgente del convenio para el uso del Canal Bajo

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L.N.C. | 21/05/2019 A A
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Acuaes y los regantes de Los Payuelos acuerdan la firma urgente del convenio para el uso del Canal Bajo
Campo La Comunidad de Regantes empezaría a pagar una tarifa de mínimos en el año 2020, que se prolongaría hasta el 2026, adaptada progresivamente a la superficie de riego disponible
La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) se ha reunido este martes con el presidente de la Comunidad de Regantes de Payuelos, Jorge Álvarez y su equipo, para demandar de nuevo la firma urgente del convenio que permita el riego inmediato a los regantes de Payuelos.

La suscripción del acuerdo ha sido condición necesaria para disponer del suministro del caudal para el riego, según aseguran en un comunicado enviado por Acuaes. En la reunión se ha acordado como fecha límite para la firma del convenio el próximo 7 de junio. No obstante, como prueba de la buena voluntad manifestada por las partes se ha decidido la puesta en uso este mismo martes del canal, según las mismas fuentes.

El encuentro, cuya celebración había sido solicitada por Acuaes, ha tenido como objetivo ultimar el acuerdo ya conocido por ambas partes, que incluye la financiación y las condiciones de explotación del Canal Bajo de Los Payuelos. Según se ha explicado de nuevo, "estas condiciones resultan muy ventajosas para la Comunidad de Regantes, de forma que no sería hasta el 2020 cuando empezaría a pagar una tarifa de mínimos, en función de las hectáreas puestas en riego, considerando un periodo de transición hasta el año 2026".

La sociedad mercantil estatal considera "absolutamente razonable que los usuarios beneficiados de una infraestructura de más de 131 millones de euros devuelvan, al menos, una mínima parte de lo invertido, tal y como se estableció en el acuerdo suscrito para el desarrollo de la actuación".

Ello resulta "legítimo teniendo en cuenta que la infraestructura, financiada con fondos públicos, incrementará de manera extraordinaria la rentabilidad de los cultivos y del terreno y, por lo tanto, la renta de los usuarios beneficiados por esta infraestructura pública", según concluye la sociedad estatal.
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