En su escrito de acusación, el fiscal remarca que entre los meses de enero a junio de 2021 el acusado «de forma intencionada, continuada y con ánimo de quebrantar la condena impuesta» convivió con esta mujer en el domicilio de ella, en Cacabelos, y durante este periodo de convivencia «de forma habitual y con el ánimo de menoscabar gravemente la armonía y la paz familiar la agredió, le apretó los brazos dejándole moratones, la empujó en diversas ocasiones y le profirió insultos tales como ‘eres tonta, no vales para nada’».
Estos hechos no fueron denunciados, explica, «por el miedo que le tenía» y tampoco acudió al médico, al tiempo que añade que «el encausado ejercía un control absoluto sobre ella, de forma que controlaba todos sus actos y toma de decisiones» o que «le quitaba el dinero de su pensión y el que le daba su padre mensualmente para ayudarla porque ella no podía disponer de su dinero».
En su escrito, la Fiscalía incide también en que entre los meses citados, de enero a junio de 2021, de forma «intencionada, continuada y amenazante» el acusado le dijo a la mujer que «no le contara a nadie lo que estaba ocurriendo, que iba a quemar la casa» y que incluso en alguna ocasión «la amenazó portando un cuchillo». Además, expone que «valiéndose de su situación de vulnerabilidad» la indujo a prostituirse, «ya que concertó varias citas con hombres de forma que estos acudieron al domicilio familiar» en Cacabelos para mantener relaciones sexuales con ella, «pagándole la cantidad de 150 euros» que ella repartía con el encausado y, otras veces, «él le quitaba».
Informe médico
El fiscal subraya también que consta en las actuaciones un informe médico forense (informe mental) relativo a la mujer en cuyas conclusiones se indica que «tiene capacidad para declarar» y para «prestar consentimiento válido para mantener relaciones sexuales, negando haberlas tenido en contra de su voluntad» y que, «dado el tiempo transcurrido entre la última relación sexual que reconoce haber mantenido a cambio de dinero y el momento actual (al menos tres meses) la exploración ginecológica y la toma de muestras no proceden». Del mismo modo, explica que «se recomienda una nueva valoración de la capacidad civil» de ella. Por todo lo anterior, prosigue el escrito, mediante auto de fecha 18 de junio de 2021 dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ponferrada se decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza del acusado.Para el fiscal los hechos son constitutivos de un delito continuado de quebrantamiento de condena, un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, de un delito continuado de amenazas en el ámbito familiar y, por último, de otro de inducción a la prostitución de una persona especialmente vulnerable. De todos ellos –con la agravante de reincidencia en relación al delito de quebrantamiento de condena, al de maltrato habitual en el ámbito familiar y al de amenazas– acusa al encausado, al que considera que procede imponer la pena de doce años y seis meses de cárcel (un año por el primer delito, tres por el segundo, un año por el tercero y siete años y seis meses por el cuarto de ellos).
«Siendo el acusado extranjero» expone también que si se le impone una pena de más de cinco años de prisión o varias que excedan esa duración, el juez o el tribunal acuerde la ejecución de todo o parte de la pena, «considerando que en el presente caso, dada la naturaleza de los delitos cometidos y su gravedad, es necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito». Del mismo modo, apunta que «cuando el penado acceda al tercer grado será procedente la sustitución de la ejecución del resto de la pena por su expulsión del territorio español».
Por último, en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que indemnice a la mujer, a través de su representante legal, en la cantidad de 7.000 euros por los daños morales causados. El juicio se celebrará el próximo jueves, 16 de junio, en la Audiencia Provincial de León.