Una sentencia del TSJCyL obliga a Majo a apartar de sus funciones al interventor jefe

Las guerras abiertas entre altos funcionarios de la Diputación han vuelto a escribir un nuevo capítulo en estos días en el Palacio de los Guzmanes, tribunales mediante. La justicia ha desestimado los recursos presentados por el interventor jefe y por la institución provincial sobre la provisión de dicha plaza el 4 de noviembre de 2015, vía decreto firmado por el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo.

Durante años, el interventor jefe estuvo ‘apartado’ por Carrasco en el Torreón. Majo volvió a nombrarlo en 2015La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dictó un auto en el que exige a la Diputación el cese inmediato de sus funciones del actual jefe de Intervención, Rafael Benito y Benítez de Lugo, una medida para la que Majo dispondrá de ocho semanas, según recoge el texto al que ha tenido acceso este periódico y que fue notificado a las partes el 10 de mayo.

La polémica arrancó con la designación de Benito en 2015, cuando a su llegada a la presidencia Majo decidió volver a nombrarlo como jefe de Intervención, tras varios años ‘desterrado’ por Isabel Carrasco en el Torreón, apartado de sus funciones. La presidenta colocó en su lugar, en comisión de servicios, a alguien con quien tenía más afinidad, Manuel Jesús López Sánchez ‘Suso’, que en octubre de 2014 fue imputado en la trama de corrupción Púnica.

Cabe aclarar que la ‘libre designación’ de la plaza («siempre lo fue») no significa que sea un cargo puesto ‘a dedo’, sino que hay un proceso concursal –entre funcionarios de la Casa– a través del cual se valoran los méritos de los ‘aspirantes’, según explican fuentes de la institución provincial.

La sentencia recoge que no está bien hecha la provisión de la plaza. "Pero siempre se hizo así", aseguranFueron dos los funcionarios –habilitados nacionales– a los que no gustó que Majo nombrara a Benito y no a ellos, por lo que acudieron a los tribunales para recurrir la decisión.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 les dio la razón a los dos aspirantes al puesto el 10 de octubre de 2016. Diputación y Benito interpusieron entonces un recurso de apelación, que han perdido (deberán pagar las costas).

Pero el TSJCyL ha dicho ahora que la institución provincial leonesa debe apartar de sus funciones a Benito y volver a convocar el proceso de selección, ya que no es correcta la libre designación.

Cabría recurso de casación a la decisión del TSJCyL, aunque –al menos la Diputación– ya ha decidido acatar la decisión judicial y ‘reconvocar’ la plaza.