Una sentencia del TSJ cuestiona el cálculo del valor de los terrenos en Ponferrada

Una sentencia del 28 de junio de 2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia podría descabalgar el valor de los terrenos de Ponferrada en relación al cálculo de las plusvalías, algo afectado por el valor catastral y finalmente por el Impuesto de Bienes Inmuebles. El tribunal da la razón a los herederos de la mitad de la finca de José Marqués, conocido como ‘El cabañés’ en los aledaños del campus de Ponferrada, conocida como ‘San Miguelín’ y a la que el Consistorio impuso los impuestos de IBI como si se tratara de una finca urbanizada, de libre uso, cuando en realidad estaba limitado a «una hipotética ampliación del Campus Universitario», explica uno de los herederos de la finca, Fernando Álvarez Marqués, por lo que consideran que el paso que debería haber dado el Ayuntamiento tenía que ser el de la expropiación. A ese procedimiento se sumó el fallecimiento de la otra propietaria de la finca, Isabel Marqués, que hizo que para su trasmisión, el Ayuntamiento pidiera a cada uno de sus cuatro hijos un valor superior a los 44.000 euros a cada uno, por la mitad del terreno, lo que hacía un total de 176.000 euros. Los hijos de la fallecida, además de Fernando, José Luis, María Isabel y Francisco, reclamaron esos cobros como inadecuados y ahora han conseguido el respaldo del Superior, aunque no fue así en primera instancia. Álvarez recuerda que la finca rústica fue recalificada como «urbanizada de uso delimitado», lo que significa que la utilidad para ella no puede ser más que  la construcción de una residencia de alumnos universitarios de 79 plazas. Pese a que, según Fernando Álvarez, esa designación de suelo, por ley, prevé que la administración «proceda a la expropiación en un determinado plazo, con justiprecio».

Ese paso es el que no dio la administración local, pero sí ha procedido al cobro como terreno urbano «aunque la edificabilidad sea cero», por valor de 13.000 euros al año. Pese a que la familia ha presentado reclamaciones sobre ese pago cada que vez que se solicita, el Consistorio sigue reclamándolo y la situación ha ido a peor desde la solicitud de trasmisión patrimonial de la mitad de la finca –que en total está entre los 37.000 y los 39.000 m2-. Cuando se produjo, hace cuatro años, el Consistorio reclamó la plusvalía  «que no podíamos pagar», explica Álvarez. El dictamen del juzgado contencioso administrativo número 1, sin embargo, desestimó el recurso presentado por los herederos contra los decretos de Alcaldía de 2013, que, por su parte, desestimaban los recursos de reposición interpuestos por los recurrentes frente a las liquidaciones de las plusvalías giradas por la trasmisión de la finca heredada.

La consideración del juzgado era que resultaba indiferente, a efectos de este impuesto, que el valor catastral del bien inmueble en el momento de trasmisión coincidiera o fuera superior o inferior al valor catastral que tuviera cuando se compró. Así mismo, determinaba que la finca era urbana, pese a  que la parte demandante aseguraba que no lo era, porque su uso estaba limitado y planteaba que el valor real del bien era tres veces inferior al tomado por la administración. La prueba pericial de tasación de los terrenos reveló que, en el mejor de los casos y teniendo en cuenta la construcción de la residencia de estudiantes, la parcela rondaría los 600.000 euros, cuando su valor catastral en ese momento era de 1.974.000 euros –en la actualidad posiblemente se haya incrementado hasta los 2.274.000 euros, cuatro veces más que el valor de tasación que admitió el tribunal-, lo que deja claro que «se ha sobrevalorado catastralmente propiedades», reconoce Álvarez.

La sentencia abre la puerta a otras reclamaciones que tengan la misma base «porque lo que se hizo con los terrenos del Campus fue una locura», dice Álvarez, y podría afectar al IBI, que acaba de sumar un incremento del 4% por la revisión catrastal solicitada voluntariamente por el Consistorio.

Reclaman la expropiación y presentan querella  por falsedad en documento público

Pese a los intentos de alcanzar un acuerdo por parte de los herederos con el Consistorio «ha sido imposible», lamenta Álvarez Marqués. Lo han hecho con la corporación encabezada por Samuel Folgueral y por la actual, con Gloria Fernández Merayo a la cabeza «y todo han sido buenas palabras, pero no nos han dado ninguna solución». La familia pedía que el terreno volviera a la calificación de rústico o que se liberara para poder realizar cualquier tipo de construcción «eso nos permitiría venderlo y tener beneficios para pagar el IBI que se nos reclama», dice Álvarez, que asegura que la propia concejala de Hacienda, Amparo Vidal, le confirmó «que lo que se había realizado con ese terreno era una confiscación, algo que está prohibido por la Constitución».

La familia seguirá dando pasos pidiendo ahora la ejecución de la expropiación del terreno y sumando una demanda más «por falsedad en documento público», puesto que el cambio de terreno rústico a urbanizado se concretó asegurando que «la urbanización estaba hecha y no es así».