26/02/2017
 Actualizado a 07/09/2019
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Hace unos meses el Ayuntamiento de Mojácar, en Almería, aprobó una ordenanza mediante la que trataba de proteger a sus vecinos de una invasión de grotescas despedidas de soltero, botellones y ‘parkouristas’ que indignaba a los vecinos y resultaba fatal para el turismo familiar, tan rentable para la ciudad almeriense.

Cuando en esta curiosa norma se prohibía al ciudadano, y se sancionaba, permanecer o transitar desnudo por la calle, hacer sus necesidades en la vía pública, o acrobacias con monopatín en las rampas para minusválidos, se elevaba al rango de norma jurídica lo que tradicionalmente había formado parte de otro ordenamiento diferente, el de los usos sociales. Me pareció entonces sintomático que una vez que la educación ni se enseña ni se asume como un valor social, tenga que ser el derecho el que la recupere.

Una de las disposiciones de aquella ordenanza establecía la prohibición de utilizar «vestimentas atuendos o disfraces que puedan atentar contra la dignidad de las personas, los sentimientos religiosos o tengan un contenido xenófobo, racista, sexual, sexista, homófobo o que suponga menosprecio hacia cualquier condición o circunstancia personal o social», refiriéndose sin duda a algunos disfraces utilizados en despedidas de soltero que mucha gente prefiere no ver cuando pasea con los niños por la calle. Pero había una excepción, el artículo terminaba diciendo textualmente «salvo en las fiestas de carnavales».

El carnaval jurídicamente considerado, por tanto, como una excepción constitucional, un día en el que es lícita la xenofobia, el racismo, el sexismo, la homofobia y, como no, atentar contra los sentimientos religiosos. Mojácar, Ayuntamiento del PP, comprometido con los derechos humanos «salvo en las fiestas de carnaval», en una ordenanza duramente atacada por el PSOE y Podemos por considerarla totalitaria y entender que la excepción debe regir todo el año y no sólo en estos días carnavaleros. Así que en lo que respecta al civismo, que debería imponerse por la propia sociedad, las familias y las escuelas, estas se apartan y dejan paso a la normativa municipal; pero allí donde sí debería estar la norma jurídica, es decir, en la protección de los derechos humanos, esta establece una salvedad y desaparece.

Menos mal que esta España plural aún permite disfrutar el antruejo en lugares como Llamas de la Rivera, entre guirrios y madamas tan alejados de aquellos jardines.
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