Rechazada una hidroeléctrica en el río Ancares por su impacto ambiental "desfavorable"

Medio Ambiente considera que tendría "efectos negativos significativos" en la zona, declarada Reserva de la Biosfera

Alejandro Cardenal
12/08/2017
 Actualizado a 09/09/2019
Imagen de archio del río Ancares a su paso por territorio berciano. | CÉSAR SÁNCHEZ (ICAL)
Imagen de archio del río Ancares a su paso por territorio berciano. | CÉSAR SÁNCHEZ (ICAL)
La secretaría de estado de Medio Ambiente ha rechazado la instalación de una hidroeléctrica de baja potencia en el río Ancares a su paso por los términos municipales bercianos de Vega de Espinareda y Arganza.

El proyecto, que buscaba la puesta en funcionamiento de la central en el Salto de Ocedo, ha recibido la declaración de «impacto ambiental desfavorable», ya que según recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE), causaría «efectos negativos significativos» a la fauna, flora, paisaje y patrimonio de la zona, declarada como Reserva de la Biosfera por la Unesco.

«Tendría un potencial impacto adverso sobre numerosa fauna vertrebrada incluida en el listado de especies en régimen de protección especial como la Rana Ibérica y varios hábitat de interés comunitario», señala la secretaría de estado en sus conclusiones.

Además, la resolución recuerda que la propia infraestructura podría causar daños en la Reserva de la Biosfera de los Ancares, marco en el que se llevaría a cabo el proyecto, que además de la propia central llevaba aparejada la «infraestructura eléctrica necesaria para la evacuación de la energía generada en el río Ancares en los términos municipales de Vega de Espinareda y Arganza».

También considera que podría afectar «de forma indirecta» a los valores naturales del espacio natural protegido Sierra de Ancares y de la Zona Especial de Conservación (ZEC) y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ubicadas aguas arriba.

Medio Ambiente atiende así las alegaciones de asociaciones y colectivos ecologistas de toda la comarca, que mostraron su oposición a una iniciativa que contaba con el visto bueno de la Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y Empleo.

Y es que desde la secretaría de estado se considera que las medidas contempladas por el promotor del proyecto, Suma Energías SL, para minimizar el impacto que supondría la instalación de la central no son «una garantía suficiente».
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