Ponferrada, un lustro esperando el autobús

En abril de 2012 con el popular López Riesco al frente del Ayuntamiento de Ponferrada, finalizaba la concesión del Transporte Urbano de Ponferrada (TUP). Casi cinco años y tres equipos de Gobierno después, el servicio sigue pendiente de una nueva licitación que la semana pasada vivió su enésimo retraso.

Tres corporaciones distintas no han conseguido poner fin a una prórroga alegal –Folgueral aseguró que existe un documento que permitía prorrogar el servicio hasta una nueva licitación sin establecer un horizonte temporal– que se prolongará como mínimo otros dos meses según anunció el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Ponferrada, Ricardo Miranda.

Ni el actual equipo de Gobierno, ni el bipartito encabezado por Samuel Folgueral, ni el de López Riesco han logrado extirpar un ‘quiste’ que carga a las cuentas municipales algo más de un millón de euros al año en concepto de déficit de explotación.

Y es que la prórroga heredó el ‘optimismo’ de la modernización del TUP, que preveía un número de usuarios mucho mayor que el real, lo que ha disparado los reingresos a la empresa concesionaria en concepto de déficit de explotación, que han oscilado entre los 1,1 y los 1,3 millones de euros.

Desde la finalización oficial de la concesión, han sido varias las propuestas que se han planteado para el servicio de transporte. Tras su acceso al Gobierno, el bipartito de Folgueral planteó un «contrato puente» de una duración de tres años que sirviera para poder planificar adecuadamente una nueva concesión que cubriera también las necesidades de las localidades periurbanas de la capital berciana y también cubriera el transporte escolar.

Finalmente, este contrato nunca vio la luz y tras las elecciones de 2015 y la fragmentación política del Ayuntamiento de la capital berciana, que pasó a dar cobijo a siete fuerzas políticas de las tres que había anteriormente, surgieron nuevas propuestas.

Así, de la mano de Ponferrada en Común (PeC) y del PSOE se pidió la municipalización del servicio, una fórmula que buscaba, fundamentalmente, combatir sobrecostes del servicio, pero que terminó quedando aparcada tras el voto en contra en pleno extraordinario del resto de formaciones (PP, USEBierzo, Ciudadanos y Coalición por el Bierzo) y la abstención del Partido Regionalista del Bierzo (PRB).

Así, el actual equipo de Gobierno encabezado por la popular Gloria Fernández Merayo trabaja en un contrato de una década con una estructura de costes de 2.570.000 euros al año, en la que se incluyen los gastos asociados al personal, mantenimiento de la flota, seguros o combustible, según la previsión de los servicios técnicos del Consistorio de la capital berciana.