Merayo: "no me parece adecuado una huelga justo ahora"

A la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, no le parece “adecuado” ni para Ponferrada ni quizá para los propios intereses laborales de la plantilla “que los trabajadores planteen una huelga justo ahora. Yo no sé si es lo más conveniente hacer una convocatoria de huelga contra no se sabe qué empresa. En este momento, a mí me parece que no sé si (la empresa FCC) tendrá facultades para negociar un convenio cuando dentro de tres meses no saben si estarán ellos” realizando el servicio.

Cabe recordar que la semana pasada se decidió en Pleno conformar una nueva mesa de contratación para readjudicar el contrato de Jardines, Limpieza y Basuras, en virtud de una sentencia judicial que ha anulado el contrato adjudicado a FCC en el año 2014, durante el mandato de Samuel Folgueral.

La regidora apuntó que le llama la atención que los trabajadores de FCC del servicio municipal le hayan planteado ya dos huelgas a este equipo de gobierno que “nunca ha tenido responsabilidad”y “que tienen que solucionar los líos y los embrollos de equipos anteriores”, de contratos se firmaron en anteriores mandatos. “No se les hace una huelga y se nos hace a nosotros”, remarcó sorprendida Merayo.

En este sentido, destacó que los ponferradinos pagan sus impuestos y tienen derecho a que se les limpien las calles. Así, recomiendaa los trabajadores que “lo más prudente sería esperar hasta que en tres meses esta situación se resolviera”, explicó.

Explica que “hay un problema de sucesión empresarial y “nos podríamos encontrar con que una negociación ahora con FCC podría ser declarada nula después por la próxima empresa que se haga cargo del servicio, y más cuando en un plazo de tres meses podría estar resuelto”.

Merayo recordó que en la primera convocatoria de huelga de abril de 2016 “ya se avisó de si esto no se podría posponer, porque sabíamos que en este contrato cabía la posibilidad de declararse nulo”. Y es que,  la alcaldesa manifestó que no le convence el tema de, “hacer una huelga con carácter preventivo un año y medio antes de que venza”, la prórrogadel convenio, apunta refiriéndose ya a la huelga de abril del pasado año.

En este sentido, cabe aclarar, frente a estas declaraciones de Merayo, que la huelga del pasado mes de abril fue por el planteamiento de los despidos y reducciones de salario que hizo la empresa FCC, y no por la negociación del convenio, ni en contra del Ayuntamiento, como indica Merayo.

En cualquier caso, la regidora insistió en que “no me parece adecuado que en este momento se haga una convocatoria de huelga, porque la empresa tiene las manos atadas y el Ayuntamiento aún más, y no podemos dejar de cumplir una sentencia. Tienen su legítimo derecho a reivindicar sus mejoras laborales, pero no pueden poner a la administración entre la espada y la pared, ni pedir que no se cumpla una sentencia porque les perjudica”.

No obstante, lo cierto es que la línea de reivindicación de los trabajadores no tiene que ver con el cumplimiento o no de la sentencia, ni estos han puesto en duda que se deba proceder a su cumplimiento. Lo que quieren es evitar que se caduquen los tiempos de negociar sus derechos laborales, como se ha encargado de declarar el presidente del comité de FCC, Marco Antonio Varela: “Ellos (el Ayuntamiento) está dando sus pasos y nosotros los nuestros”.

Y es que si no hay firmado un nuevo convenio entre la empresa y los trabajadores antes de final de año, cuando caduca la prórroga del convenio actual, el centenar de trabajadores de la plantilla pasarán a formar parte del convenio provincial, que tiene peores condiciones que las suyas.

En cualquier caso, en opinión de Gloria Merayo en sus declaraciones realizadas a la prensa en la mañana de este lunes, “la mejor manera de resolver la situación es agilizar los trámites”. Habla Merayo de agilizar unos trámites, pese a que el Ayuntamiento conoció la sentencia en julio de 2016 y no la ejecutó hasta que hace dos semanas el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León indicó que debía hacerlo proceder a la ejecución forzosa.

Pero para la alcaldesa “lo que está claro es que los vecinos no son responsables y este equipo de gobierno tampoco. Para un alcalde tener que anular un contrato de 122 millones de euros es lo último que quisiera”, apostilló.