La crisis económica parece ir cediendo pero los impagos aún se mantienen e incluso aumentan. Los arrendatarios leoneses deben a sus caseros una media de 5.276 euros, frente a los 4.796 euros que adeudaban de media hace un año. Son cifras recogidas por el ‘Estudio FIM sobre la morosidad en arrendamientos urbanos en España 2016’, elaborado anualmente por el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM). El mismo informe revela que la morosidad leonesa de los arrendatarios duplica la media del resto de las provincias de la comunidad, de 2.624,51 €.
En la provincia leonesa la morosidad en los alquileres urbanos se incrementó un 7,34%, con un importe medio de 5,276 euros, por debajo de la media nacional, de 6.424,99 euros, aunque muy superior a las medias de las otras provincias de Castilla y León.
A León le siguen en morosidad los arrendatarios de Burgos (3.234,20 €), Segovia (3.065,96 € ), Salamanca (2.951,14 €), Palencia (2.613,5 €), Ávila (2.493,18 €), Valladolid (1.911,92 €), Zamora (1.191,63 €) y Soria (882,89 €).
Todas las provincias de la comunidad experimentaron en el último ejercicio un incremento de estas cuantías (la media de Castilla y León, 3,95%), excepto Ávila, donde disminuyó un 0,88%. La salmantina fue la provincia que experimentó un mayor incrementó, con un 8,29%, sólo por encima de León (7,34%).
El índice sigue subiendo
Desde 2007, año en que se sitúa el inicio de la crisis económica, el índice de morosidad no ha dejado de crecer. En León, sólo entre 2013 y 2014 descendió en apenas 6 puntos, pero lo cierto es que el incremento continúa, como ocurre en el resto de las provincias de la comunidad.
En el conjunto del país, el estudio refleja que, por comunidades autónomas, los mayores incrementos se produjeron en Murcia (+17,28%), Madrid (+11,23%), Cataluña (+10,9%), Baleares (+10,84%), y País Vasco (+10,3%). Asimismo, las comunidades donde se registró menor subida fueron La Rioja (+3,9%), Castilla y León (+3,95%), Navarra (+4,3%), Galicia (+4,68%) y Melilla (+6,35%).
Un indicador clave
El Fichero de Inquilinos Morosos es el principal registro de la morosidad del país. Así, se ha convertido en un indicador clave para determinar la evolución de los impagos en las relaciones contractuales de arrendamiento en las comunidades autónomas, tanto de personas físicas como jurídicas. El archivo del FIM se nutre de la información aportada por los usuarios arrendadores, los profesionales y la recopilación de otros datos públicos, como estadísticas del INE o sentencias judiciales por desahucio.
Al tratarse de una base de datos de carácter público, a la que pueden acceder los profesionales registrados en el FIM, los interesados pueden comprobar sin un inquilino ha tenido incidencias con otros arrendadores o, incluso, si cuenta con impagos de alquileres en cualquier lugar de España. Se trata de una herramienta ‘disuasoria’ para evitar morosos recurrentes, un sistema que persigue la protección de los arrendatarios de viviendas o locales, para evitar fraudes o situaciones perjudiciales.
La previsión para 2015 era que la morosidad comenzara a descender paulatinamente. De momento, habrá que seguir esperando un año más.