Así, en la vista pública celebrada por los recursos presentados por las tres juzgadas y condenadas por la muerte de la que fuera presidenta de la Diputación de León y del PP provincial, Isabel Carrasco, abatida a tiros el 12 de mayo de 2014 en la capital leonesa, los letrados pidieron una revisión de la sentencia conocida el pasado 10 de marzo.
En la misma, el juez condenó a 22 años de prisión a la autora material confesa de la muerte de Carrasco, Montserrat González; a 20 años a su hija Triana Martínez -en ambos casos por los delitos de asesinato en concurrencia con atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas-; mientras que la agente de la Policía Local, Raquel Gago, fue absuelta del delito de asesinato y condenada a cinco años de prisión por encubrimiento y tenencia ilícita de armas.
En este sentido, José Ramón García, justificó la petición de la rebaja de la pena de cárcel de 22 a 8.5 años para Montserrat González en que, según defendió, “ha habido una errónea valoración por parte del jurado en cuanto al tema del estado mental de la madre” ya que ésta sufría un “trastorno de ideas delirantes” que, según expuso, “se confundió con una esquizofrenia paranoide”. Además, mantuvo que el informe forense contenía “graves errores” sobre el diagnóstico de su representada.
En cuanto a la petición de la absolución para su defendida Triana Martínez, García señaló que “se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia” y volvió a apelar a la polémica suscitada en el transcurso del juicio sobre la hora exacta de la comisión del delito, por lo que reclamó su puesta en libertad frente a la condena de 20 años impuesta.
“Solo ha habido una mera probabilidad y se llega al absurdo de hacer unos saltos ilógicos y conclusiones que no es técnicamente posible”, argumentó, a la vez que sostuvo que “existen conclusiones alternativas con mucho más valor a juicio de esta defensa y jurisprudencia”.
“Pruebas insuficientes”
Por su parte, el abogado de Raquel Gago, Fermín Guerrero, presentó recurso en el que reclamó la libre absolución de la agente de la Policía Local de León, argumentando que la decisión del jurado, que la consideró culpable por entender que conocía los propósitos de las dos principales acusadas y aceptó auxiliarlas para ocultar el arma, “estaba basada en indicios aunque no hay hechos probados” y, por lo tanto, estas pruebas eran insuficientes para condenarla.
“No se ha efectuado una valoración correcta y adecuada de los indicios de la actuación de Gago”, aseveró y agregó que “esos indicios son insuficientes y no tienen conexión con el presunto encubrimiento”. Así, reiteró que es “improcedente” la imputación del delito de encubrimiento y defendió la “inexistencia de los elementos para la no incurrencia de tenencia ilícita de armas”.
Así, respecto al delito de tenencia ilícita de armas, por estar en posesión del revólver con el que Montserrat mató a Isabel Carrasco y que Triana introdujo en su vehículo, esgrimió que su clienta no tuvo conocimiento de que el arma estuviese en el interior de su vehículo y subrayó que una vez que la localizó la entregó rápida y voluntariamente.
Ministerio Fiscal
Por su parte, el fiscal Ricardo González, solicitó una “nueva sentencia” para Raquel Gago en la que se le imponga una pena de doce años de prisión, inhabilitación durante el tiempo de condena, así como la prohibición de acercamiento tanto a la hija como a la pareja de Carrasco durante veinte años, al considerar que la agente de policía presentaba “una conducta de complicidad en un delito de asesinato” y que existía un “plan preconcebido” para acabar con la vida de la política.
Por el contrario, el representante del Ministerio público mantiene la condena impuesta tanto a la madre como a la hija por el asesinato de Isabel Carrasco, si bien precisó que rechaza el atenuante de enajenación que pedían las defensas en el caso de Montserrat González. La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL dictará sentencia en aproximadamente dos semanas tras concluir la vista.