Angel Suárez 2024

La victoria de la pantorrilla

23/07/2017
 Actualizado a 17/09/2019
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En 1975 todos los trabajadores españoles tenían cubierto el subsidio de vejez y ancianidad, la invalidez permanente total, la absoluta y la gran invalidez, la enfermedad y el accidente común no laboral, el subsidio familiar, la protección a las familias numerosas, la asistencia farmacéutica y la asistencia médica y hospitalaria. Existía ya el derecho a las vacaciones retribuidas, al descanso dominical y en días festivos, pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio, pagas sobre beneficios, convenios laborales, representación sindical, jurados de empresa y representación en los consejos de administración. Ello al margen de la protección de la que en aquella época disfrutaron los trabajadores vinculados a determinados sectores, como el de la minería, bien conocida en provincias como la nuestra.

Este dato histórico, cuya divulgación esté quizá sancionada por la Ley de Memoria Histórica, representa la evolución de los derechos de los trabajadores que se plasmó en diversas normas aprobadas entre 1939 y 1970, en las que nada tuvieron que ver los sindicatos actuales.

Más adelante llegó el PSOE y el sindicalismo democrático, y no sólo se disparó el desempleo, que pasó del 3,7% en 1975 al 24% en 1993, sino que se legalizó la contratación temporal generalizada –germen de lo que hoy se han dado en llamar contratos basura– que hasta 1984 estaba restringida a determinados trabajos que, por su naturaleza, justificasen su carácter eventual.

Sin embargo, no puede dudarse del papel fundamental que desempeñan hoy día los sindicatos. En nuestra ciudad, sin ir más lejos, algún medio celebra la histórica victoria lograda por las organizaciones sindicales en una conocida empresa leonesa, cuyo despótico patrón, al parecer, impedía a sus empleados acudir al trabajo en bermudas, coartando así el derecho universal a enseñar las pantorrillas en el ámbito laboral, felizmente conquistado hace años por las trabajadoras de España.

Victorias como esta afean la ingratitud de nuestros obreros con sus representantes –seguimos siendo uno de los países de la OCDE con menor índice de afiliación sindical– y justifican los millones de euros en ayudas públicas directas que estas organizaciones reciben del Estado cada año. Seamos pues solidarios y olvidemos errores insignificantes como los del fraude de subvenciones de Andalucía o el caso Villa en Asturias, y ensalcemos la labor de aquellos que impiden que el obrero español tenga que limitar el lucimiento de la pantorrilla a las meriendas campestres.
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