Los empleados tomaron esta decisión en asamblea “por unanimidad”, según explica el presidente del comité, Marco Antonio Varela. “Porque el tiempo corre, se agota la prórroga máxima de dos años del convenio actual y si no se firma uno nuevo antes de final de año pasaremos a estar regidos por el convenio provincial y eso supone perder más derechos”.
Todavía no tienen fecha definida para la huelga, porque previamente debe celebrarse una intermediación con el Servicio de Relaciones Laboralesde la Junta de Castilla y León como paso previo.
El Ayuntamiento de Ponferrada celebró en los pasados días un pleno para convocar una nueva mesa de contratación para anular el contrato actual que había sido adjudicado a FCC en el año 2014 bajo el mandato de Samuel Folgueral y readjudicarlo, tal y como ordenaba una sentencia judicial. La sentencia respondía a una impugnación de otra de las empresas que se había presentado al concurso, Urbaser.
Los trabajadores explican que “el Ayuntamiento sigue sus pasos y nosotros los nuestros. Lógicamente si se soluciona el problema, se adjudica el contrato a otra empresa y ésta empresa quiere negociar el convenio, desconvocaríamos, pero nosotros no podemos dejar correr más tiempo”.
Son un centenar de trabajadores los que componen la plantilla del servicio.
Las primeras reacciones políticas
Las primeras reacciones políticas no se han hecho esperar. El portavoz del PSOE en Ponferrada, Olegario Ramón, ya ha expresado en la mañana de este lunes que “desde nuestro grupo entendemos el enfado de los trabajadores, tienen razones más que de sobra para ello. En un ejercicio de responsabilidad renunciaron a muchos de los beneficios sociales que tenían, en beneficio de la ciudad y en una situación de crisis compleja, con la perspectiva de ir recuperándolos. Su pretensión es absolutamente legítima”, declaró el edil socialista.
No obstante, reconoce que la situación es “kafkiana”, ya que tienen que “negociar con una empresa que no quiere negociar porque tenemos una mesa de contratación que puede decidir que siga otra empresa con el servicio”. Por eso, en lo que corresponde al Ayuntamiento, dice que“hay que agilizar el proceso y salir de esta situación y hay que decidir la nueva empresa para que estos trabajadores tengan un interlocutor con el que negociar antes de final de año”.