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La justicia ordenó en 2016 el ingreso de 200 leoneses en residencias o psiquiátricos

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I. Herrera | 20/07/2017 A A
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La justicia ordenó en 2016 el ingreso de 200 leoneses en residencias o psiquiátricos
Tribunales El Juzgado de Familia de León ha autorizado en lo que va de año 130 internamientos
Restringir a una persona un derecho fundamental como es la libertad es algo que sólo compete a un juez, incluso cuando la persona en cuestión no está capacitada para vivir sola o las personas de su entorno no pueden –o no quieren– hacerse cargo de ella. En todo caso, la voluntad del enfermo prevalece por encima de la de sus familiares y, por ello, la decisión de internamiento en un centro o psiquiátrico debe adoptarla un juez. Se enmarcan aquí casos de demencias seniles, alzhéimer, esquizofrenias, trastornos bipolares y psicóticos o incluso depresiones profundas. Asuntos que, en el caso de León, atiende el Juzgado de Primera Instancia número 1o y de Familia de León. Concretamente, el pasado año 2016 este juzgado ordenó el ingreso de 200 leoneses en residencias y psiquiátricos y, en lo que va del presente, son ya 130.

El origen de estas causas está en problemas mentales o cognitivos con los que las familias de las personas a internar se ven desbordados o que, en algunos casos, ni siquiera tienen a alguien que se preocupe por ellos.

Este tipo de internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico están regulados en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que en su apartado primero especifica que: «El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, requerirá autorización judicial, que será recabada del tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento. La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, el responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar cuenta de éste al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal.»

De este modo, se distingue entre urgentes y no urgentes, estos últimos vinculados en muchos casos a personas que viven en la indigencia o con síndromes como el de diógenes. Según los datos facilitados a este medio por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), de los 200 casos vistos por el Juzgado de Familia de León el pasado año que acabaron autorizando el internamiento no voluntario de leoneses, la mayoría, 176, fueron urgentes, mientras que el resto, 24, eran no urgentes. De los 130 que van este año, sólo 16 han sido no urgentes.

¿Quién puede solicitarlo?

La Ley de Enjuiciamiento Civil no establece una remisión expresa de quienes son las personas que pueden solicitar, por lo que en la práctica se suele mantener un criterio amplio, permitiendo que cualquier persona que tenga una cierta relación con la persona pueda solicitar el internamiento.

En todo caso, estas decisiones judiciales no son irreversibles. El apartado cuatro del citado artículo de la LEC recoge que «en la misma resolución que acuerde el internamiento se expresará la obligación de los facultativos que atiendan a la persona internada de informar periódicamente al tribunal sobre la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de los demás informes que el tribunal pueda requerir cuando lo crea pertinente».
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