La Junta asegura que no hay pruebas de los vertidos ilegales en la Variante

La polémica sobre los vertidos ilegales procedentes de las obras de la Variante de Pajares continúa abierta. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento, acaba de responder a la pregunta formulada por el procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, sobre las actuaciones de vigilancia respecto al tratamiento de residuos.

En la respuesta, que rubrica el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, se indica que «el servicio territorial de Medio Ambiente de León tuvo conocimiento de la posible realización de vertidos ilegales de residuos derivados de dichas obras en distintos puntos de la provincia a raíz de las noticias publicadas en prensa como consecuencia de la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial de León a finales de 2016, por lo que es a partir de ese momento cuando se realizan las correspondientes visitas de inspección para verificar la realidad de los hechos».

Así, explica que con fecha de 20 de diciembre de 2016 se realizaron dos visitas de inspección a dos explotaciones mineras por parte de técnicos del servicio territorial de Medio Ambiente y de Industria. En la visita realizada a la explotación situada en Sorribos de Alba «la empresa admitió haber utilizado, en el verano de 2015, material sobrante de las obras del AVE del tramo comprendido entre Buiza y Folledo».

Asimismo, se apunta que el jefe de la cantera manifestó que «se vertieron unos 40 camiones de material compuesto por piedra y tierra, con una composición similar al obtenido en su cantera, lo que motivó su aceptación para uso en el relleno del hueco minero y restauración, encontrándose estos estériles limpios, pudiendo contener alguna traza de hormigón». Por otro lado, también se visitaron las explotaciones mineras de la Hullera, visita en la que el administrador concursal manifestó que «según la información que le habían transmitido, en septiembre de 2015 se había obligado a la empresa que había realizado vertidos a su completa retirada».

Continúa la respuesta apuntando que con fecha de 1 de febrero de 2017, se realización una visita de inspección en la zona donde se ubicaron las instalaciones ocupadas por la UTE FCC-Acciona, en Buiza y sus cercanías, entre las localidades de Buiza y Folledo, así como en el vertedero de las obras «sin que las inspecciones visuales evidenciaran residuo alguno». Tras esta exposición de motivos, desde la Consejería de Medio Ambiente se señala que «dado el tiempo transcurrido desde que los hechos pudieron haberse producido hasta que se ha tenido conocimiento del asunto y se han realizado las oportunas visitas de inspección, hasta el momento no se han detectado pruebas documentales ni visuales que puedan motivas la incoación de expediente sancionador a la mencionada UTE FCC-Acciona, adjudicataria del contrato, por parte del servicio territorial de Medio Ambiente de León». Finalmente, en la repuesta se recuerda que «al tratarse de un asunto competencia estatal, su seguimiento corresponde al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente».

Las más de cien fotos presentadas por Ciudadanos en la Audiencia Provincial reflejan la existencia de estas prácticas como algo habitual en el desarrollo de las obras de Alta Velocidad. Además, poco a poco se han ido sumando testimonios de vecinos afectados y ex trabajadores, que han sido recogidos por La Nueva Crónica. La respuesta de Suárez-Quiñones deja en el aire algunas preguntas para la formación naranja y los vecinos afectados por estos vertidos. Si es cierto que se retiraron vertidos de las explotaciones mineras de La Pola, ¿a qué centro de tratamiento especializado de residuos fueron enviados? ¿Existen facturas o albaranes que demuestren esta supuesta retirada? ¿Qué papel jugó Adif en todo este asunto? Éstas son solo algunas de las cuestiones aún por aclarar. El vecino que impulso la demanda recuerda, como una de la tantas prácticas ilegales, el hecho de que en el vertedero Val de Puerco, en La Pola de Gordón, en la boca del Lote Sur de las obras, se enterraron 4.000 toneladas de hormigón «de las dovelas de base para la colocación de arquetas de desagüe».