La educación, la base del futuro

Tras una legislatura compleja en materia educativa para el Gobierno del PP, los programas electorales hablan de la Lomce, de colegios concertados y recortes

Susana Martín
17/12/2015
 Actualizado a 09/09/2019
Manifestación y concentración de estudiantes en defensa de la educación pública, en febrero en León. | MAURICIO PEÑA
Manifestación y concentración de estudiantes en defensa de la educación pública, en febrero en León. | MAURICIO PEÑA
No han sido sencillos los últimos cuatro años para el Gobierno de Mariano Rajoy en lo que al ámbito educativo se refiere. Críticas desde dentro del sector, mucha contestación en la calle y un sinfín de protestas desde la oposición han hecho que la educación haya estado en boca de muchos en esta legislatura. Cuatro años de numerosas polémicas han traído consigo que todos los partidos políticos hayan dedicado un espacio en sus programas electorales dedicado a la educación.

La polémica Lomce, el decreto 3+2, la gratuidad y la calidad de la enseñanza, las condiciones del profesorado y los recortes o los conciertos educativos son algunos de los aspectos en los que se detienen las fuerzas políticas para intentar atraer el voto de un electorado que las encuestas dice que aún alberga muchos indecisos.

Para quienes quieran saber qué defiende cada partido, o de qué se olvida cuando apuesta por la educación, éstas son algunas de las pautas que a grandes rasgos definen en sus programas electorales.

Así, por ejemplo, PP, PSOE y Ciudadanos contemplan expresamente su voluntad de un gran pacto por la educación. Entre los tres hay coincidencias en aspectos que tradicionalmente manifestaban importantes discrepancias. La exigencia a la que los socialistas quieren someter el acceso a la profesión docente, en línea similar a la del PP y Ciudadanos, evidencia quizá que la preocupación por la calidad de la enseñanza –quizá especialmente en tiempo de elecciones– es prioritaria.

Las diferencias más importantes se producen en relación a la escuela concertada –el 34% de las familias matricula a sus hijos en colegios privados, la mayoría subvencionados– y la presencia de la religión en las aulas: casi todos los centros concertados se inspiran en el credo de la Iglesia Católica. En este punto, Podemos es la fuerza más crítica: cuestiona incluso la existencia del concierto educativo, un planteamiento que choca de lleno con el derecho constitucional a la libertad de educación.

PP


El Partido Popular, que implantó la Lomce, recuerda que se han destinado 141 millones de euros a las comunidades autonómas para su implantación. Su prioridad en materia educativa es "garantizar una educación pública de calidad que tienda a la excelencia y al éxito escolar para garantizar un futuro a los jóvenes", asegura su programa.

Los populares concentran su esfuerzo programático en la defensa del modelo de enseñanza concertada y del «derecho que asiste a los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones religiosas», frente a la propuesta de los socialistas de retirar la asignatura de religión. Los populares pretenden mantener las evaluaciones externas que introdujo la Ley Wert, repiten la promesa de fortalecer la autonomía de los centros e introducen como novedad «una nueva regulación para la selección y formación inicial del profesorado, desarrollando un sistema de prácticas docentes remuneradas de dos años de duración".

Quiere alcanzar un Pacto de Estado por la Educación y promete convocar a todos los partidos y a la comunidad educativa.

En cuanto a la religión, garantizará "el derecho de los padres" a educar a sus hijos conforme a sus convicciones "religiosas y morales".
Sobre los conciertos educativos, apuesta por seguir "respaldándolos".

PSOE


"El conocimiento y la buena formación son la base del bienestar equilibrado de la sociedad y su auténtica perspectiva de futuro», defiende el PSOE, para quien la educación, la cultura, la ciencia y la investigación «son la única garantía de un desarrollo sostenible y justo".

Anuncia que derogará la Lomce, aprobada con el Gobierno del PP, "así como la normativa que ha contribuido a recortar la inversión en educación». Su objetivo es una nueva Ley básica de Educación «con vocación de permanencia" y acuerdo de todos los sectores.

Promete "universalizar" la educación desde los 0 hasta los 18 años para subir el índice de escolaridad. Las administraciones estarán obligadas a ofertar plazas públicas en esta franja de forma progresiva hasta 2020.

Los socialistas prometen un suelo común de financiación del 5% del PIB en dos legislaturas. Su objetivo "a medio plazo" es llegar al 7%.
Respecto a la religión, promoverá una escuela pública laica, sin enseñanzas confesionales ni en el currículum ni en el horario escolar. Para ello, promoverá cambios legales, incluidos "los acuerdos internacionales". Recuperará la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

La única alusión que hace al asunto de los conciertos educativos es que el reglamento de conciertos tendrá en cuenta "la especificidad de las cooperativas de enseñanza y centros educativos de economía social".

En cuanto a los precios de tasas y matrículas, promete precios públicos "asequibles". En la universidad, eliminará el modelo de precios fijado por el RDL 14/2012 de racionalización del gasto público educativo para que las comunidades autónomas puedan recuperar los niveles de 2011.

Para las becas y ayudas, establecerá nuevos umbrales de renta y patrimonio. Se "asegurará" de que el dinero llegue en el primer trimestre de estudio. No se podrá quitar una beca o dejar de concederla porque los padres o tutores tengan deudas con la administración. "Las becas serán inembargables", dicen.

Ciudadanos


El programa electoral de Ciudadanos dedica a la educación 33 de sus 368 páginas, en las que hace referencia concreta a los profesores y maestros con plaza de funcionario. "El sistema es excesivamente garantista con determinados docentes a los que resulta imposible cesar", señalan en el texto en la formación naranja, que considera que "se puede cuestionar la funcionarización, pero sobre todo se debe poder revocar al docente en su puesto si es extremadamente ineficaz o en el ejercicio de su profesión crea alarma social".

En los centros educativos públicos españoles hay 477.125 maestros y profesores, más 100.018 en las universidades públicas, según datos del Ministerio de Educación. El de Ciudadanos es el único programa electoral que hace referencia expresa a la condición de estos trabajadores públicos.

En el programa de Ciudadanos apoyan un pacto nacional por la educación, con un Mir docente y un sistema de evaluación de los profesores, más autonomía para los centros e introduciendo el inglés como lengua vehicular.

Defienden una enseñanza pública, completamente gratuita y de calidad a través de un profesorado formado y valorado en un ambiente plurilingüe. "En un mundo globalizado como en el que vivimos, necesitamos que nuestros jóvenes puedan comunicarse perfectamente en inglés", afirma Enrique Bueno, candidato al Congreso de los Diputados por León.

Podemos


En su programa electoral Podemos asegura que derogará la Lomce y que promoverá «un amplio debate» en la comunidad educativa para formular una nueva Ley de Educación. Además, promete una educación universal, gratuita y de calidad de los 0 a los 6 años y anuncia que elaborará un proyecto de ley "que garantice la estabilidad de la red de escuelas infantiles públicas y el acceso de los usuarios en igualdad de condiciones".

Incrementará hasta 2020 la partida para educación progresivamente, hasta alcanzar los 13.700 millones de euros. A largo plazo, contempla el 7% del PIB.

Promete una educación laica y asegura que la oferta de plazas concertadas seguirá financiándose con recursos públicos «sólo cuando sea necesario».
En lo referente a las becas, Podemos promete que incluirá la categoría ‘familia monoparental’ como grupo especial para facilitar el acceso a becas de comedor y para la compra de material educativo. En la universidad, anuncia que aumentará las becas.

Unidad Popular-IU


Unidad Popular anuncia que derogará la Lomce, la LOU y todas las medidas educativas aprobadas por el Gobierno del PP y los anteriores, y que promoverá un proceso abierto para una nueva Ley de Educación.

Ampliará la enseñanza pública y gratuita a la etapa de 0 a 3 años, creará "plazas públicas suficientes" para esta franja y promoverá un ‘plan de choque’ contra el fracaso escolar. También ampliará la red de centros públicos y promoverá la extinción de la gestión privada de servicios como comedores y limpieza y "facilitará la reversión" de los externalizados.

Elevará progresivamente la inversión hasta alcanzar el 7% del PIB y promete blindar los presupuestos de Educación. Propone un presupuesto extraordinario de urgencia para la enseñanza pública. Creará un Fondo de Compensación para las comunidades autónomas con el fin de garantizar el acceso equitativo a la educación. Dedicará a la Universidad al menos el 2% del PIB.
Suprimirá las enseñanzas confesionales de los currículos y el ámbito escolar y los actos y símbolos religiosos.
Hará cambios en el calendario escolar y universitario de acuerdo con criterios no religiosos.
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