Jaime Rabanal: "Si queremos un territorio equilibrado, debemos dar servicios a los ciudadanos"

El leonés Jaime Rabanal es el experto que negociará la nueva financiación autonómica en el grupo creado por el Gobierno y las comunidades con el objetivo de revisar el sistema. Ya se han producido las primeras reuniones y el objetivo es que en agosto haya una propuesta técnica que se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

– Se oye hablar con frecuencia del modelo de financiación autonómica, pero quizá los ciudadanos no tengan un concepto claro de lo que es…
–El sistema de financiación autonómica no es más que el modelo de Estado que consagra la Constitución para establecer la prestación de servicios por parte de las comunidades autónomas. Se trata de la educación, la sanidad, los servicios sociales, carreteras, medio ambiente… De lo que estamos hablando es del mecanismo que fija cómo se financian esos servicios de las comunidades autónomas teniendo en cuenta los principios constitucionales de eficiencia y equidad, es decir, todos los españoles cualquiera que sea el lugar en el que vivan tienen derecho a los mismos servicios públicos. El modelo de financiación es cómo hacemos eso con el sistema tributario que tenemos, respetando la autonomía política de las comunidades y haciendo un modelo que funcione razonablemente bien desde el punto de vista económico.

–Suena a cuadratura del círculo…
–Sí. Suena a cuadratura del círculo, pero hay muchos países de carácter federal que llevan muchos años funcionando y no les ha ido mal. A nosotros nos ha ido muy bien con el modelo constitucional que tenemos de competencias transferidas a las comunidades autónomas.

Tener consultorios rurales y escuelas con menos niños que en las ciudades cuesta y debemos convencer de ello a las demás comunidades –¿Por qué es necesario reformarlo?
–Hay dos razones fundamentales. La primera es que así se había establecido. Ya llevan dos años de retraso. El modelo tenía cinco años de vigencia desde 2009 y al quinto año había que revisarlo, es decir, en 2014. La segunda razón es que ninguna comunidad autónoma está de acuerdo globalmente con el modelo actual, porque ha tenido resultados no previstos y porque en situaciones de crisis como la que hemos vivido se nota mucho más la dificultad de las comunidades de velar por esa garantía de servicios públicos fundamentales en términos de calidad. Por todo esto es necesario revisar el modelo.

–La crisis habría afectado a cualquier modelo que hubiéramos tenido…
–La crisis ha afectado a los ingresos públicos. Ha habido una caída muy grande de los ingresos fiscales del Estado y eso ha afectado también a las comunidades autónomas.

–¿Qué objetivo fundamental que se pretende?
–Debemos conseguir un modelo que establezca y garantice esa igualdad de acceso a los servicios públicos. Educación, sanidad, servicios sociales… Y que lo haga además de una manera eficiente y en la que todas las comunidades se encuentren cómodas. Si tenemos además en cuenta que las disparidades territoriales son muchas en términos de renta, de características, de población, de dispersión, de envejecimiento… Eso complica un poco el modelo, pero tenemos que intentar dar solución razonable a este tipo de cuestiones.

–¿Cuáles son los criterios por los que a su juicio se ha de guiar la reforma?
–Lo fundamental es ese criterio de equidad, que es muy importante. Está además el principio de suficiencia y de nivelación vertical. El modelo se ha descentralizado mucho durante los últimos años en lo que se refiere al gasto, pero no tanto en los ingresos. En consecuencia, se debe hacer un esfuerzo en la descentralización de los ingresos.

–Que las comunidades tengan mayor autonomía fiscal…
–Que tengan más recursos y también más capacidad de decidir sobre aquellos impuestos cedidos o en los que participan de forma parcial.

El modelo debe perseguirla convergencia de la renta entre territorios y la equidad en el acceso a los servicios–Pero eso requiere restar ingresos al Estado o crear nuevos tributos…
–Sin duda alguna. Ahí está un poco el centro de la cuestión. El Estado seguramente debería tener menos ingresos y dejar más para las comunidades autónomas. Si se considerara que pudieran crearse espacios fiscales específicos para cada comunidad, habría que ver qué tributos se crean y cómo. No es fácil encontrar hecho imponibles que no estén ya recogidos por el Estado.

–Parece que la división siempre está entre las comunidades ricas y las pobres, las que aportan y las que reciben…
–Los impuestos son del Estado y financian servicios públicos. En unos territorios tienen más renta y recaudan más. No es que aporten más. Eso, si aplicamos el principio constitucional de equidad en el acceso a los servicios públicos cualquiera que sea el lugar donde resida el ciudadano, es una cuestión que hay que garantizar. Además, si queremos modificar esa situación en el sentido positivo de que los territorios tienen distintos niveles de renta, hay que hacer algunas políticas territoriales para promover esa mejora de la situación económica. Eso también es una cuestión clave que el modelo tendrá que contemplar.

–Castilla y León defenderá que se tenga en cuenta la extensión que tiene, la demografía menguante y el envejecimiento…
–Naturalmente, en la Conferencia de Presidentes ya se planteó el problema del envejecimiento y la despoblación. Si queremos tener un territorio equilibrado, hay que intentar dar servicios a los ciudadanos. Hay que poder tener escuelas aunque haya menos niños que en un barrio de cualquier ciudad. Castilla y León tiene más del 35% de los consultorios médicos del país. Eso cuesta dinero y se trata de hacer valer esos argumentos y que las demás comunidades autónomas los comprendan.

–Sanidad y dependencia son dos pilares de esa cartera de servicios…
–Por supuesto. Requieren una financiación clara, transparente y que garantice ese acceso a los servicios públicos.

–¿Y ahora no lo es?
–Ahora lo es, pero de manera insuficiente, porque el gasto sanitario crece muy por encima de lo que lo hacen los ingresos y las comunidades autónomas tienen dificultades a la hora de financiarlo. Estos servicios tienen un peso muy relevante en el presupuesto de la comunidad que en ocasiones llega al 50%.

–Comentaba antes que las comunidades deben tener mayor autonomía fiscal, pero eso puede llevar a incrementar la desarmonización que ya existe actualmente entre unas y otras…
–Hay que conjugar los dos principios, el de la autonomía fiscal y el de la no competencia desleal. No sólo es un problema de España, sino también de Europa. Si no se armoniza, los agentes económicos toman decisiones en función de la fiscalidad y eso distorsiona la actividad económica.

–¿Se va a abordar esta cuestión en la negociación del modelo?
–Es uno de los problemas que hay que abordar. Cuál es el nivel mínimo de armonización que las comunidades tienen en los distintos impuestos.

– Todo este modelo se va a negociar en un órgano en el que no están Cataluña, Navarra y País Vasco mesa…
–País Vasco y Navarra tienen un régimen distinto que es un sistema foral recogido en la Constitución. Y Cataluña no ha enviado a nadie a la comisión de expertos. Eso no quiere decir que, llegado el momento, cuando la ley esté en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Cataluña no pueda hacer sus planteamientos.

–¿Qué calendario se han marcado para cerrar un acuerdo?
–La comisión de expertos debe hacer una propuesta en un plazo de entre seis y ocho meses. Orientativamente se habla de agosto. A partir de ahí entra el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

–¿Es optimista de cara a estas negociaciones?
–Tenemos que hacer un esfuerzo. El resultado final será el que sea. El ritmo político es otro, pero espero que las comunidades autónomas y el Estado sean capaces de llegar a un acuerdo.

–¿Cuál es la principal instrucción que le ha dado el presidente Herrera a la hora de abordar las negociaciones?
–Hay un acuerdo de todos los grupos políticos con 14 puntos que recoge los principios fundamentales que en su opinión han de incluirse en el modelo de financiación. Se habla de suficiencia financiera, equidad, multilateralidad… Principios que ahora hay que concretar en las propuestas de carácter técnico.