Hacienda y sindicatos pactan una oferta de 250.000 plazas para convertir personal interino en fijo

Montoro cifra en alrededor de 67.000 plazas la Oferta de Empleo Público (OEP) para este año

Ical
29/03/2017
 Actualizado a 18/09/2019
Una prueba de oposiciones en una imagen de archivo. | ICAL
Una prueba de oposiciones en una imagen de archivo. | ICAL
El Ministerio de Hacienda y Función Pública y las áreas de servicios públicos de CCOO, UGT y CSIF alcanzaron este miércoles un acuerdo para ofertar 250.000 plazas para convertir personal interino en fijo y reducir la tasa de temporalidad al ocho por ciento a lo largo de 2017, 2018 y 2019.

Tras la firma del acuerdo, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, aseguró que supone una "apuesta por la dignificación de la función pública" y defendió que sin los servicios que prestan las administraciones públicas "no podremos tener completa la recuperación económica de nuestro país".

Estas 250.000 plazas suponen reducir la temporalidad hasta un 90 por ciento y se reparten principalmente en los sectores considerados 'prioritarios': Sanidad (237.070), Educación (98.807) y Justicia (8.564).

Desde Hacienda se reconoció que "se parte de una cifra muy elevada de temporalidad, de casi 300.000 interinos en la Administración". Montoro, que enmarcó este pacto en las conclusiones de la Conferencia de Presidentes celebrada en enero, subrayó que "la voluntad del Gobierno es que esto se extienda para los próximos Presupuestos y una vez que tenemos encauzada la reducción del déficit público".

Tras este acuerdo, "inmediatamente entraremos en la negociación de otros ámbitos, el primero, el retributivo, para que tenga consecuencias ya en los Presupuestos de 2018".

Montoro explicó que el calendario para las cuentas del año que viene es que a finales de junio el Gobierno apruebe en el Consejo de Ministros el techo de gasto y los objetivos de déficit, para lo que advirtió que "no tenemos mucho tiempo".

Oferta de Empleo Público

Además, desde el Ministerio se comunicó que el acuerdo establece una tasa de reposición de empleados públicos del cien por cien en los sectores 'prioritarios' y en otros servicios considerados esenciales como servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y contra la Seguridad Social, políticas activas de empleo o prestación directa del servicio de transporte público. Mientras que para el resto, la tasa de reposición será del 50 por ciento.

Teniendo en cuenta estas tasas y la OEP de 2016, Hacienda indicó que la Oferta de Empleo para este año estaría alrededor de las 67.000 plazas, contemplando la sustitución de quienes se jubilen y los puestos de nueva creación.

Por subsectores, estas 67.000 plazas se repartirían entre la Administración General del Estado (19.000), las comunidades autónomas (28.144) y entidades locales (alrededor de 20.000).

Sindicatos

Desde las organizaciones sindicales, el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, valoró positivamente el acuerdo para convertir interinos en fijos y destacó que es un "momento muy importante para las administraciones públicas" y "va a marcar un antes y después" en este sector.

El secretario general del Área Pública de CCOO, Javier Jiménez, también celebró la firma del acuerdo, aunque puntualizó que se circunscribe a que "cada Administración asuma su responsabilidad", por lo que el proceso de negociación continuará.

Jiménez destacó que el pacto de hoy "tiene en cuenta cerrar una etapa muy triste, muy negra" en el sector público debido a las políticas adoptadas por el Gobierno en los últimos año. En cualquier caso, puso de relieve la "voluntad" del Ejecutivo de escuchar a los sindicatos y tener la "disposición" de negociar.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, también celebró "de muy buena gana" este acuerdo.

Respecto a la subida de los salarios de los funcionarios, que se prevé que sea del uno por ciento este año y que se abordará en la Mesa de esta tarde, los sindicatos mostraron su rechazo al considerar que no restablece la pérdida de poder adquisitivo.
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