Fundación Renovables pide una transición justa, pero ve ineludible el "abandono" total de la minería

«El cierre progresivo de las centrales de carbón y el abandono de la minería es una tarea ineludible». Así lo considera la Fundación Energías Renovables (FER), que recientemente presentó un informe titulado ‘Hacia una transición energética sostenible. Propuestas para afrontar los retos globales’. En él se destina un capítulo, el séptimo, al plan de cierre del carbón, centrales nucleares y gestión de residuos. «Otros países están poniendo fecha al abandono de esta actividad y en España lo tenemos que hacer cuanto antes», advierte el documento. El fin de la minería, según la Fundación, debe ir acompañado de planes de «transición justa» –como reconoce la Organización Internacional del Trabajo– pero debe producirse. El motivo, señala, es triple. Para la FER, «las centrales de carbón mantienen su funcionamiento gracias a una política ineficiente de fijación de los costes de CO2, a una política de subvenciones al carbón nacional para hacer competitivo lo que ni por calidad ni por impacto ambiental lo es y por la presión que todos los gobiernos han tenido por parte de las zonas mineras en España». Además, subraya que en las centrales térmicas españolas sólo se quema ya un tanto por ciento pequeño de carbón nacional, importando el resto.

Para que se pueda desarrollar lo que denomina «transición justa», la Fundación considera que se debe solicitar la «plena participación» de la población de las comarcas que han albergado durante décadas las actividades carboneras, prestando, además, especial atención a la «siempre silenciada voz de las mujeres». El plan, prosigue, debe contemplar la dinamización y diversificación económica de las zonas afectadas, la movilización de inversiones público-privadas para crear empleo de calidad en los sectores emergentes más sostenibles (renovables, eficiencia energética...); la formación y recapacitación de los trabajadores de los sectores económicos afectados y políticas activas de empleo que faciliten su reocupación laboral; la protección social para los más vulnerables; el diálogo social entre agentes sociales y administraciones; el desarrollo de actuaciones en la producción de energía renovable y la máxima participación de dichas zonas en la nueva economía ligada al cambio del modelo energético.

Para el cierre de las térmicas

Respecto al cierre de las centrales térmicas de carbón, la FER es también clara. Quiere que sea en este año cuando se concrete un plan para su clausura progresiva, que advierte que debe producirse, en todo caso, antes de 2025. Además, mientras no se eche la llave a estas instalaciones, destaca que se debe arrancar un compromiso de inversión para garantizar el cumplimiento de los límites de emisiones aplicables en cada momento, que debe llevarse a cabo un descenso paulatino del uso del carbón y una transición justa para los trabajadores afectados. También, la Fundación apuesta por otra polémica medida, que pasa por eliminar todas las subvenciones al carbón «como al resto de las energías sucias e ineficientes» y exigir a las centrales el «cumplimiento estricto y completo de los límites de emisión europeos». «Quien contamina, paga», incide.

Respecto a las nucleares, reclama también un cierre programado, por considerarlas «insostenibles, medioambientalmente no asumibles y no competitivas para la sociedad», en que lo que profundiza señalando que «el hecho de que las centrales nucleares resulten deficitarias, según sus operadores, solo aumenta los argumentos para no ampliar oficialmente su vida». Prosigue en su argumentación advirtiendo que «este país ya ha vivido demasiados rescates de empresas eléctricas a cuenta del lastre nuclear» y, por ello, «la energía nuclear no forma parte del escenario energético deseable para España» remata. Un escenario al que se atreve a poner fecha, advirtiendo que una vez expiren las licencias en vigor, no se deben renovar más, algo que en España ocurriría a noviembre de 2024, cuando está fijado el fin de las operaciones de la central de Trillo.

No obstante, la Fundación acerca la posibilidad de que este cierre sea previo, apuntando que las fechas son «revisables a la baja» ante la viabilidad y oportunidad de la sustitución de estas energías, según los programas de Transición Energética que se diseñarían en 2018. También carga con los costes de este proceso a las centrales, que cree que deben asumirlos en su totalidad «en cuanto a cobertura de riesgos y a dificultades de gestionabilidad», así como también debe costear las inversiones necesarias para mantener el máximo grado de seguridad.