Por este motivo, y porque el goteo de causas en los tribunales no parece que vaya a cesar, Miguel Flecha, el diputado de En Común, reivindica la necesidad de un servicio jurídico público propio, que supondría un notable ahorro.
Llorente (UPL): Podemos permitirnos retomar una plaza que hubo siempre, pero no sólo para pleitos y juicios, que espero que amainen de una vez En realidad, la idea de que la Diputación de León contase con una plaza de servicios jurídicos no sería ninguna novedad. De hecho, hasta hace dos décadas siempre la hubo. Pero el último abogado que logró dicha plaza pidió la excedencia y hoy vive en el Bierzo. De momento, no ha vuelto a cubrirse por alguna razón que nadie aclara. Al equipo de gobierno también le parece una «gran idea», aunque reconocen que si no lo han hecho es por algunas «trabas técnicas que lo han impedido», según señalan, sin dar más detalles.
Hace unos días, el diputado Miguel Flecha registró un documento para solicitar al presidente de la institución provincial, Juan Martínez Majo, algunas respuestas. En Común quiere saber en cuántas actuaciones jurídicas está inmersa la Diputación mediante la contratación de empresas externas, o si existe una relación de empresas de prestación de servicios jurídicos con las que trabaje ‘la Casa’, o con qué criterios se seleccionan dichas empresas y en qué consiste el proceso de contratación. Por último, Flecha pregunta a Majo cuál ha sido el coste anual total de la contratación de servicios jurídicos desde la entrada del actual equipo de gobierno –2015 y 2016– y cómo se ha justificado cada gasto.
Flecha denuncia «opacidad» en la gestión de la Diputación y acusa al PP de «dudosos intereses corporativos» que, según dice, «son los que rigen las políticas del equipo de gobierno».
Desde el equipo de gobierno desmienten que se hayan negado a facilitar información a cualquiera de los grupos políticos que lo han solicitado y señalan que el propio presidente comunicó a Flecha que los servicios técnicos están elaborando ya la documentación solicitada por el diputado de En Común.
El PP puso un ‘fijo’ a un abogado
El equipo de gobierno ha incluido en el presupuesto de este año una partida de 210.000 euros para gastos judiciales e indemnizaciones El diputado más veterano del Palacio –Matías Llorente, UPL– recuerda que «siempre hubo» en ‘la Casa’ una plaza jurídica, una plaza que también en su opinión debería convocarse de nuevo, «pero para todos los servicios jurídicos, no sólo para pleitos y juicios», remarca. Llorente confía en que las citas en los tribunales «vayan a menos». «Espero que dejen de pleitear y hagan las cosas como marca la ley, porque sólo en los años de presidencia de Carrasco se pagó más en tribunales que en toda la historia de la Diputación», lamenta.
A su llegada al poder, el equipo de gobierno marcó un ‘fijo’ que ronda los 60.000 euros para un abogado. Sin embargo, y aunque no concretan el gasto total que suponen los servicios jurídicos, son varios los profesionales que se encargan de los numerosos casos en que se haya inmersa la institución.