De 2006 a abril de 2015, los rescates los asumían bomberos agrupados en una asociación de voluntarios Su misión es hacer frente a las búsquedas y rescates en entornos de difícil acceso, un servicio altamente demandado dentro de la comunidad en una provincia como León, con una orografía montañosa. De hecho, de los 10.809 federados en montaña de Castilla y León el pasado ejercicio, una tercera parte se correspondían con la provincia leonesa, 3.627, a los que hay que añadir los que practican la montaña sin federarse o los que provienen de otros territorios. Esto justifica que las cifras de accidentes se cuenten por cientos año tras año –sólo de federados autonómicos tuvieron constancia en 2015 de 549 partes de accidente–, aunque no todos requieran la intervención especializada de rescatadores, ni siquiera todos llegan a ‘oídos’ del 1-1-2.
La mayor parte de los accidentes se deben a lesiones menores como torceduras, caídas o contusiones, pero agravados por las ubicaciones muchas veces imposibles para continuar en esas condiciones. Aquí es donde hace falta demostrar la eficacia del servicio, al que se le exige rapidez y solvencia por parte de los ciudadanos que, a la hora de la verdad, y favorecidos en los tiempos que corren por las redes sociales, son los que más publicitan los desatinos o carencias que perciben en las intervenciones.
Hace menos de un año la Junta de Castilla y León, administración competente en esta materia, apostaba por la privatización de este servicio que, desde diciembre de 2006 a abril de 2015, habían venido desarrollando bomberos profesionales agrupados en una asociación de carácter voluntario.
Con los trescientos y pico mil euros que pagan a la empresa privada, tenían antes a treinta personas Explica el presidente de la Federación de Deportes de Montaña y Senderismo de Castilla y León (FDMESCyL), Javier González, que «una empresa privada, como es lógico, buscará su beneficio económico, y nos preocupa que esta búsqueda del resultado conlleve un empeoramiento en el servicio reduciendo los medios materiales, la cantidad y calidad de los recursos humanos o la disponibilidad para intervenir». No obstante, asegura que los problemas no son nuevos: «Parece que hay falta de coordinación a la hora de gestionar los rescates; se debería fomentar más la colaboración entre comunidades limítrofes».
Interrogado acerca que lo que sugeriría a la administración competente si se le pidiera opinión al respecto indica que en lo que se refiere al equipo humano que interviene las opciones son dos: «Actualmente las personas mejor preparadas que pueden intervenir son los profesionales del Greim, pero no cuentan con los mejores medios materiales, ¿se han planteado dotar de mejores recursos materiales a los mejores rescatadores?; si se desea seguir funcionando con el formato del Grupo de Rescate actual este debería estar formado por bomberos profesionales contratados con dedicación exclusiva a este grupo». En cualquier caso, eso sí, cree que se debería mejorar la coordinación. «Desde la federación tratamos de hacer lo que podemos con los recursos que contamos mediante la formación y la prevención», concluye.
Montañeros consultados por este periódico aseguran que preferirían ser rescatados por la Guardia Civil, y apuntan a modelos de rescate seguidos en otras comunidades invitando a la Junta que ‘se mire’ en ellos. Concretamente ensalzan el de Aragón, en el que la Guardia Civil utiliza un helicóptero con grúa acompañada de un médico especializado en montaña del Servicio Aragonés de Salud (SAS).
"Hay una inseguridad total"
Por otra parte, desde el colectivo de bomberos profesionales proceden unas de las críticas más contundentes. Tal es el malestar, que han creado una Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla yLeón, cuyo secretario autonómico, David Herrero, sitúa el origen del conflicto con la administación autonómica en una reclamación que entienden «lógica». «Pedíamos participar en los rescates como parque, cubiertos por un seguro laboral», algo que empiezan a reivindicar con fuerza a raíz del accidente ocurrido en septiembre de 2014 en el rescate de Maraña, donde fallecieron tres guardias civiles.
«Sólo hacía falta firmar un papel que ya estaba desarrollado y todo», pero la firma no llega y «un mes antes de que se ejecutara la privatización del servicio cortan comunicaciones con nosotros, prohiben a los centros de emergencia hablar con nosotros, nos trataron como a perros, no nos pasaban los cuadrantes... una falta de respeto», explica Herrero, que añade que lo que antes era un servicio formado por una treintena de profesionales públicos que prestaban su tiempo libre, ahora está en manos de una empresa privada, «y no cuestionamos su preparación, pero la diferencia es muy clara, de 30 personas que había, a cinco que hay ahora». Además, Herrero añade que se les acusa de «haber dejado el servicio» cuando «ni siquiera han tenido la decencia de hablar con nosotros». Según sostiene trataron de dialogar, pero no obtuvieron respuesta y han optado por recurrir a la segunda vía, «poner todos los casos de gravedad en conocimiento de la Fiscalía».
Su resumen es sencillo: «Con los trescientos y pico mil euros que pagan a la empresa privada, tenían a treinta personas». En insisten desde la plataforma que el problema es la gestión, no los profesionales de la empresa, «porque los que están coordinando me gustaría saber qué experiencia tienen en montaña». Y es que advierte de que, en la montaña, «el tiempo es crucial, y ahora mismo falta gente y falta coordinación», lo que a su jucio se traduce en que «hay una inseguridad total».
Desde el colectivo dejan claro que «en la montaña no sobra nadie», todos los grupos a intervenir son bienvenidos y necesarios, pero «lo que hace falta es voluntad, saber de qué medios dispones y una coordinación eficaz».
Ventosa: "En un rescate son los que son, antes y ahora"
El director de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla yLeón, José Luis Ventosa, señala que el servicio de rescate presenta muy diversas fórmulas según la comunidad autónoma, «no hay una sola, y nosotros hemos optado por varias, primero la Guardia Civil, luego la asociación grupo de rescate de bomberos y ahora una empresa especializada». Asegura que están «abiertos a retomar la situación anterior, eso sí, «siempre que por parte de las administraciones afectadas se firme ese convenio».
Y es que según Ventosa la reclamación de los bomberos profesionales pasa por que los ayuntamientos y diputaciones de los que dependen esos parques se asuma ese compromiso. Y deja muy claro que no hay menos efectivos en los rescates, sino menos gente en la bolsa, «en un rescate son los que son, un piloto de helicóptero, un gruista y dos rescatadores, antes y ahora», y añade que la relación entre los bomberos profesionales y la Junta se da por concluida por parte de la asociación. «La Junta se dirigió en junio de 2015 a la Federación de Municipios y Provincia para darles el borrador del convenio para firmar con nueve ayuntamientos y dos diputaciones; no se firmó y la asociación decidió que sin convenio cesaba la actividad».
Por ello, desde mayo de 2015 es una empresa privada, explica, la que asume esta competencia y «satisfactoriamente», pues «viene prestando ese servicio con la misma seguridad y las mismas garantías».