El Supremo revisa las condenas por el crimen de Isabel Carrasco

El caso Carrasco llega al Tribunal Supremo, que este miércoles celebra, en audiencia pública, la vista para resolver los recursos de casación interpuestos por las partes contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla yLeón, que en su sentencia condenó a las tres procesadas por delito de asesinato –como autora a Montserrat González, como cooperadora necesaria a su hija Triana Martínez, y como cómplice a la agente de Policía Local Raquel Gago–.

Las defensas tratarán de reducir las condenas de sus representadas hasta el punto de que para Triana y para Raquel sus abogados piden la libre absolución. En concreto, para Montesarrat González, sobre la que actualmente pesan 22 años de cárcel de pena como autora de un delito de asesinato en concurso ideal con otro de atentado a la autoridad y un delito de tenencia ilícita de armas, su representación legal solicitará una reducción de la condena hasta dejarla en seis años por trastorno mental.

Para Triana, que está condenada a 20 años de cárcel (cooperación necesaria en el crimen, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas) pedirá la puesta en libertad –está presa en el centro penitenciario de Villanubla junto a su madre– por entender que sólo es responsable de un delito de encubrimiento a un familiar de primer grado, su madre, por lo que queda eximida por ley.

La mayor duda se cierne sobre la figura de Raquel Gago, pues ha pasado de ser condenada por encubrimiento en primera instancia a cómplice de asesinato sin que, sin embargo, se tomaran medidas privativas de libertad contra ella. En todo caso, su abogado defensor continúa defendiendo su inocencia y pide para ella la libre absolución asegurando que no existen pruebas de cargo contra la agente de Policía Local, dispuesto incluso a que se repita el juicio por entender que Gago ha visto vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.

Fiscalía y acusación particular, por su parte, rechazan los recursos de madre e hija y, en el caso de Gago piden no sólo que se mantega su condena como cómplice de asesinato, sino que se le añadan dos años más de pena por el delito de tenencia ilícita de armas del que quedó absuelta por el Tribunal Superior de Justicia.
Tras la vista habrá que esperar al fallo del Supremo, en este caso ya firme, que se espera se produzca antes de las navidades. Contra esta sentencia no cabe recurso, pero sí queda abierta la vía del Tribunal Constitucional.

El ponente de la resolución será el magistrado Andrés Martínez Arrieta, el vocal más joven del primer Consejo General del Poder Judicial, instructor del llamado Caso Nani –en los años ochenta– y con 18 años de antigüedad en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.