No habrá terceras elecciones. La abstención ha sido apoyada por 139 otos frente a 96 que optaron por el 'no es el no'. Dos miembros no han votado según ha informado el propio PSOE a través de su cuenta de Twitter.
El gesto que abre la puerta a que después de más de 300 días de gobierno en funciones, el líder del PP pueda formar un nuevo Ejecutivo una vez logre la confianza de la Cámara Baja a finales de la próxima semana. Queda pendiente por decidir si esa abstención será en bloque o con los votos necesarios para facilitar la investidura puesto que hoy sólo se dirimía si el partido mantenía su "no" a Rajoy o se cambiaba el sentido del voto para evitar unas terceras elecciones.
En un debate más corto y menos bronco que el del último Comité Federal, el máximo órgano del partido ha votado este domingo dos propuestas contrarias: una de ellas, presentada por el parlamentario vasco Txarli Prieto, que abogaba por mantener "no" a la investidura de Rajoy, y otra, por la eurodiputada Elena Valenciano, que defiende el "no" en primera votación y la abstención "del Grupo Parlamentario" en la segunda.
El documento defendido por la eurodiputada, y que ha recibido el respaldo mayoritario, argumenta que no se trata de una decisión "fácil" para el PSOE, pero se sienten "responsables" del conjunto de la ciudadanía y del país de que no se repitan unas terceras elecciones, que consideran serían el "peor desenlace". Agrega que unos nuevos comicios serían "perjudiciales" para el país, porque alargaría la situación de “bloqueo político” y retrasaría el proceso de toma de decisiones tanto en materia económica como territorial e incluso internacional. El texto subraya que unas nuevas elecciones apuntarían al PSOE como responsable “de un bloqueo que nadie desea” y le imposibilitaría situarse como la oposición al PP. Como muestra de la responsabilidad socialista, defiende una serie de objetivos “inaplazables”, como la derogación de la reforma laboral, la convocatoria del Pacto de Toledo, la apertura del proceso de diálogo con otras fuerzas para tratar el desafío territorial, “desterrar” las prácticas corruptas, impulsar el gran Pacto de Estado contra la Violencia de Género y derogar la denominada ‘ley mordaza’.