'El nazi' vendía información a delincuentes a la que tenía acceso por ser guardia civil

El coronel de la Guardia Civil Rodolfo Sanz Sánchez, conocido en su círculo como Rudolf y fuera de él como ‘el nazi’, fue detenido el 25 de mayo de 2015 en Madrid, aunque su residencia estaba en el acuartelamiento leonés, donde estaba destinado en comisión de servicio. Se le acusa de ser el ‘número dos’ de una presunta trama de tráfico de armamento en el marco de la cual se producían otras tres detenciones en la provincia de León, a dos militares y un civil.

La causa, que sigue en fase de instrucción, se encuentra en el Juzgado número 2 de Alcalá de Henares (Madrid) y suma ya más de 15.000 folios de sumario. A pesar del inusitado secretismo que envuelve esta investigación, el diario El País revelaba estos días que, según las pesquisas, el coronel no sólo habría traficado con armas, sino que además cobró deudas con violencia e incluso asesoró a delincuentes sobre cómo huir de España. Asimismo, sostienen que Rudolf aprovechaba su condición de guardia civil para, al parecer, filtrar –principalmente a delincuentes– información sensible a las bases de datos del instituto armado a cambio de un ‘sueldo’ de entre 500 y mil euros al mes.

Según explicaba el propio Rodolfo Sanz en una entrevista mantenida hace unos meses con La Nueva Crónica, la investigación le sitúa como uno de los cabecillas de la trama que vendía armas a la extrema derecha, el segundo en la supuesta organización: «A mí me colocan como número dos; el número 1 es una persona de Madrid, un empresario de la noche madrileña amigo mío que estaba montando una empresa de servicios, yo le estaba asesorando y tal». De acuerdo a la información publicada por El País, este empresario y líder de la organización sería Jesús de G., apodado ‘el Grande’, con antecedentes por homicidio y amenazas.

El arsenal de armas y munición –que al parecer custodiaban en diversos trasteros de alquiler en Madrid– lo habrían ido formando con material suministrado principalmente por un subteniente del Ejército de Tierra en la reserva que, como Rodolfo, pasó diez meses en prisión preventiva tras las detenciones.

Al coronel se le presuponen delitos como organización criminal, tráfico y depósito de armas y municiones, tenencia de explosivos y riesgo provocado, descubrimiento y revelación de secretos, extorsión, falsificación de documentos y omisión del deber de perseguir delitos, entre otros. En el registro efectuado a su domicilio se intervinieron varias armas que el coronel, aseguró a este periódico, eran todas legales, «en mi domicilio, en otro sitio ya... bueno, no quiero entrar en los hechos, ya justificaré de dónde ha salido cada cosa y por qué hay una cosa y por qué hay otra, pero eso quiero hacerlo ante el juez», añadía.

En su conversación con este periódico, Rodolfo Sanz, que se reconocía de ideología falangista –que no nacionalsocialista, porque no es racista, aclaraba– y negó la existencia de grupo organizado alguno, denunciaba ser víctima de una persecución. «Han hecho un montaje de puta madre», consideraba, «a mí me ha discriminado la Guardia Civil por haberme separado y por haber vivido con una persona de color» porque «sí, habrá cosas que no son del todo tal, pero...». «Esto es un tribunal de honor encubierto», afirmaba entonces.

El diario nacional atribuye a cada uno de los 16 investigados por esta presunta trama de tráfico de armas un papel en la organización. Según estos datos, el civil leonés detenido en el marco de la misma, exguardia civil, ejercería de supuesto intermediario de la red.

Además, atribuye a uno de los militares detenidos en León haber facilitado munición procedente del Ejército de Tierra a la organización a través de Rodolfo, en concreto, indican, 3.000 cartuchos de la base militar Conde de Gazola de El Ferral del Bernesga.

En todo caso, las defensas de los dos militares detenidos en León en junio de 2015 en el marco de esta trama niegan rotundamente cualquier relación con los hechos que se le imputan y anuncian posibles acciones contra el periódico El País por considerar falsas ciertas informaciones recogidas en la publicación. Según argumentan, la munición entregada al coronel fueron 2.300 cartuchos, no 3.000, y se trata de munición caducada que uno de ellos regaló a Rodolfo sin cobrar nada a cambio por la relación entre ambos como miembros de un equipo de tiro olímpico. «Jamás han cobrado nada, fue por ‘pelotismo’, por rosca, y esto les ha convertido en dos tontos en apuros que ya han sido suspendidos de empleo y sueldo seis meses». Asimismo, indican que esa munición, caducada y que le dieron regalada, «estaba allí (en el cuartel) de manera ilegal, pues se debería de haber entregado, por lo que no ha sido sustraída».