El equipo de gobierno de Ponferrada se limpia de culpas en el tema de las basuras

Vidal asegura que la sentencia del TSJ "no es una estrategia"

Mar Iglesias
24/03/2017
 Actualizado a 31/07/2019
Los trabajadores de FCC en un pleno municipal. | ICAL
Los trabajadores de FCC en un pleno municipal. | ICAL
La teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Ponferrada, Amparo Vidal, asegura que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia por la que se ha anulado el contrato del servicio de la limpieza para retrotraerlo al proceso de licitación tras tres años de gestión por parte de la concesionaria Fomento Construcciones y Contratas, no es «una estrategia» para ir retrasando la solución al problema, como insinuaban los trabajadores a la hora de justificar las medidas de presión adoptadas, que pasan por iniciar una huelga indefinida a partir del 3 de abril.

La mesa de contratación decidió que fuera Urbaser, otra de las licitantes inicial y precisamente la que optó la vía judicial para rechazar la puntuación que se recogía en algunos apartados del pliego de condiciones, una valoración que secundó el TSJ y que ha hecho que en la actualidad el servicio lo esté prestando FCC, la que se hiciera cargo del servicio.  Las votaciones de los miembros jurídicos (dos abstenciones) frente a cuatro votaciones favorables hizo al equipo de gobierno llevar el tema a los portavoces de todos los grupos para tomar una decisión sobre un tema que, vuelve a incidir Vidal, «nos vino dado». Vidal considera que esa crítica de los trabajadores tiene que ver con su crispación «que entiendo», dice pero «la sentencia es un hecho y hay que cumplirla. No es ninguna disculpa, pero sí un obstáculo», dice.  Vidal no da por finalizadas las negociaciones antes de comenzar la huelga «hasta el último minuto seguiremos hablando», dijo «estamos dispuestos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para parar la huelga», comprometió la edil.

Por su parte, el líder del Partido Regionalista del Bierzo, Tarsicio Carballo pide ahora que  se inicien los trámites para hacer un  nuevo concurso de adjudicación de la basura y jardines, «y que no se contrate un abogado, por 6.000 euros» para asesorarse, como asegura que hará el equipo de gobierno y que considera una malversación de fondos , que, de producirse, amenaza con llevar a la Fiscalía.
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