Denuncian ante la Fiscalía la presunta ‘prevaricación’ en la subida del IBI en Ponferrada

Apuntan que los valores catastrales en Ponferrada están siendo superiores a los del mercado, algo que afecta al alza a los impuestos/ Piden que se investigue la subida del 4%

Mar Iglesias
07/03/2017
 Actualizado a 12/09/2019
Zona en la que los denunciantes tienen una finca con una plusvalía abusiva. | A.C.
Zona en la que los denunciantes tienen una finca con una plusvalía abusiva. | A.C.
«Posible acción fraudulenta y posible delito de prevaricación» es lo que piden los hermanos bercianos Álvarez Marqués, propietarios de una parcela situada en las inmediaciones del Campus de Ponferrada que investigue la Fiscalía en un escrito que registraron ayer y por el que solicitan que se determine, en su caso «acciones penales contra todas aquellas personas que pudieran ser responsables de comportamientos delictivos» en estos hechos.

Para los hermanos Francisco, Fernando, José Luis y María Isabel, capitaneados por el primero, es «la gota que colma el vaso» que, con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que les da la razón sobre el cobro de una plusvalía sobredimensionada de su finca heredada, que les supone el pago de un IBI «al que no podemos hacer frente», el Consistorio lleve a pleno una subida de este impuesto del 2%, que al final queda en un 4%.

En diciembre pasado se llevó a pleno el incremento, necesario, según el equipo de gobierno, para nivelar la subida de los valores catastrales que se había concretado tras la solicitud, por parte de los anteriores gobernantes (conformados por el bipartito de Samuel Folgueral), de la revisión de los mismos. Así las cosas, el equipo de gobierno trasladó al plenario  la reducción del tipo impositivo del IBI de un 0,78 a un 7,65% que compensaría ese 4% de subida catastral, y, así, pretendía que los recibos se quedaran en un 2% de subida, la mitad de lo marcado en la revisión solicitada.

La negativa de Unidad Social de Electores, Ciudadanos, Ponferrada en Común y Partido Regionalista del Bierzo hizo que no se aprobara esa idea del equipo de gobierno y, por tanto, la subida quedó en el 4%, ya que el equipo de gobierno tampoco quiso dejar sobre la mesa el reestudio de otras posibilidades por falta de tiempo, argumentaron, para que la propuesta fuera firme de cara al cobro anual .
La familia Álvarez Marqués considera esa subida catastral, que se concretará en el incremento del IBI, inadecuada y ponen como ejemplo su caso, en la finca San Miguelín, aledaña al Campus universitario «y sometida a un proceso confiscatorio, según ha reconocido la actual concejala de Hacienda, Amparo Vidal», apuntan. Recuerdan en su escrito al fiscal de área que el suelo de esa finca «tiene la calificación de urbano de uso delimitado, lo que impide su libre disposición, a pesar de estar sometida a impuestos como si se tratara de una propiedad urbana de libre utilización».

El referido terreno tenía en 2016 un valor catastral de 1.973.131,23 euros «desmesurado según el informe pericial admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que admite el recurso de apelación contencioso-administrativa sobre la Plusvalía que el Ayuntamiento pretendía ejecutar sobre los cuatro hermanos Álvarez Marqués, herederos del 50% de esta propiedad», apuntan.

A partir de enero de 2017 el valor catastral de esta propiedad sube a 2.258.406,12 euros «lo que tendrá un efecto significativo en el cálculo del IBI que será girado a finales del año en curso». Hasta 18.000 euros calculan que deberán abonar de IBI, unas cifras «imposibles», dice Fernando. Pero que además, ven inadecuadas «porque el valor catastral ha de ser inferior, en cualquier caso, al valor de mercado», algo que argumentan en cifras «en Ponferrada, el metro cuadrado en 2009 estaba en los 600 euros y ahora está en 119, según los datos de mediados de 2016 del Ministerio de Fomento». Incluso recogen el estudio del propio arquitecto municipal, Emilio Suárez, que, con motivo de la enajenación de un solar en el barrio de La Rosaleda para dotación de un servicio público sanitario-asistencial, hablaba de un valor de 60 a 65 euros el metro cuadrado.

Los denunciantes consideran que los ayuntamientos pretendieron establecer los valores catastrales al alza para mantener sus ingresos anuales, en el caso de Ponferrada  «de más de un millón que dejarían de percibir con la eliminación del recargo del 10% en el recibo del IBI autorizado por el gobierno para el periodo de 2012 a 2015».

Fernando Álvarez considera que «es hora de empezar a denunciar el abuso fiscal al que estamos sometidos». Aunque reconoce que es un mal generalizado, en Ponferrada se nota esa presión impositiva «porque siempre se acoge a los máximos permitidos» por la legislación estatal «eso le hace estar entre los municipios con mayor presión fiscal», apunta.
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