Condenada por ejercer como podóloga sin titulación en varias localidades de León

El Juzgado de lo Penal número 2 de León ha condenado a M.C.C.A. a una pena de multa de diez meses a razón de diez euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, así como al pago de las costas procesales, como autora responsable de un delito de intrusismo profesional en el ámbito de la podología. Según ha informado el Colegio de Podólogos de Castilla y León a través de un comunicado, esta mujer ejerció la podología sin estar en posesión de la titulación universistaria correspondiente.

Esta práctica se llevó a cabo en la asociación de pensionistas y jubilados 'La Parmesana' y en el Hogal de Pensionista en Bercianos del Páramo, en ambos casos en La Bañeza, también en la Asociación de Pensionistas de Porma Mayor en Boñar, en la asociación de jubilados de Villavante de Astorga y en los bajos del Ayuntamiento de Valdevimbre. En todos estos casos colocaba carteles donde anunciaba sus servicios de “arreglo de pies” cuando no se limitaba a esta tarea, sino que además se dedicaba a “tratar callos, uñas encarnadas… utilizando en tal hacer instrumental y medicamentos propios de dicha profesión”, recoge la sentencia.

El presidente del Colegio de Podólogos de Castilla y León, José Luis Muñoz, destacó lo “trabajado y complejo” del proceso debido a que el Colegio tuvo primero que “advertir, a la hoy condenada, de estar realizando competencias únicas de podólogos” e involucrar al Departamento de Sanidad de la Junta de Castilla y León y a la Guardia Civil, así como a varios testigos y podólogos del Colegio para obtener las numerosas pruebas condenatorias.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos ha iniciado una campaña para combatir el intrusismo en la profesión. Para ello, el Consejo ha elaborado un protocolo para indicar a los Colegios y a sus 6.700 colegiados cómo detectar, recabar el máximo de pruebas y denunciar estas prácticas desleales. Además, se les ha facilitado una lista de actividades ilegales, una carta modelo para actuar contra estos casos, así como información sobre las sanciones previstas en el Código Penal que pueden llegar a dos años de prisión.